Un ejercicio de responsabilidad para contener el rally de los precios

Las empresas españolas parecen haber asumido ya que la inflación va a convertirse en un peligroso compañero de viaje al menos durante los próximos meses. Según datos del Banco de España, ocho de cada diez compañías esperan que las tensiones inflacionistas se mantengan en niveles similares al actual durante el segundo trimestre de 2022, en el que prevén incrementos adicionales en el precio de sus consumos intermedios, así como en sus costes laborales. Los resultados de la encuesta muestran que más del 40% de los empresarios afirma haber subido ya los precios durante el primer trimestre del año, un porcentaje 10 puntos superior al del trimestre anterior. A un año vista, seis de cada diez auguran de nuevo aumentos de precios, aunque más moderados. Todo ello suscita una más que razonable preocupación sobre la posibilidad de que esa escalada en los precios y su reflejo en los márgenes acabe generando una espiral que retroalimente la inflación y desencadene los temidos efectos de segunda ronda.

La política de precios de las empresas que refleja la encuesta del Banco de España responde a una lógica centrada principalmente en el corto y medio plazo. La autoridad supervisora augura que la economía española convivirá este año con una inflación media del 7,5%. Hasta ahora, la escalada de los precios no ha generado excesivos efectos de segunda ronda, lo que hace pensar que las tensiones inflacionistas podrían mantenerse dentro de una horquilla relativamente controlada hasta que las circunstancias geopolíticas sean menos adversas que en la actualidad. Ese esquema, sin embargo, puede saltar por los aires si las empresas deciden llevar a sus márgenes la subida de costes y alimentar así unas tensiones inflacionistas que acaben contagiando a todos los ámbitos de actividad.

Desde el propio Banco de España se realizaba recientemente un llamamiento a todos los agentes económicos para suscribir una suerte de pacto de rentas blando, es decir, un cierto compromiso de contención de costes que evite que el alza del IPC contamine al conjunto de la economía. Ese sacrificio, porque se trata sin duda de un sacrificio, no atañe únicamente a los empresarios en sus márgenes o a los trabajadores en sus salarios, sino también al conjunto de los poderes públicos, con el Gobierno a la cabeza, y a los propios ciudadanos. A todos ellos corresponde la responsabilidad colectiva de aceptar una rebaja temporal en sus expectativas de retornos económicos como fórmula para frenar la inflación en un momento extraordinariamente comprometido para el país.