El Gobierno exige a las telecos diversificar los proveedores de 5G
Podrán verse obligadas a cambiar equipos de generaciones precedentes
El Gobierno ha planteado fuertes exigencias a las operadoras en el real decreto-ley sobre seguridad de las redes y servicios de móvil 5G, publicado ayer. Unos planteamientos que han causado sorpresa entre algunas de las operadoras, por los costes que pueden tener que afrontar para cumplir algunos requisitos.
Entre otros puntos, en el real decreto se señala que los operadores deberán garantizar la instalación, despliegue y explotación seguros de redes públicas 5G, y la prestación de estos servicios mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de operación y supervisión que garanticen la seguridad. Las telecos deberán diseñar una estrategia de diversificación en la cadena de suministro de los equipos, sistemas de transmisión, equipos de conmutación y demás recursos que permitan el transporte de señales en una red pública 5G. Dichos equipos deberán ser proporcionados, como mínimo, por dos suministradores diferentes.
El real decreto lleva las exigencias más allá de las redes core. Se considera que forman parte de las redes 5G la totalidad de los elementos de red, infraestructuras, recursos y funciones de las redes empleadas para ofrecer servicios, aun cuando también sean usados en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de generaciones móviles precedentes. Según fuentes del sector, este requisito puede obligar a las operadoras a cambiar equipos ya en uso de anteriores tecnologías.
Así, indica que no podrán usar en la red de 5G equipos de telecomunicación, sistemas de transmisión, equipos de conmutación y demás recursos, que permitan el transporte de señales, hardware, software o servicios auxiliares de suministradores que hayan sido calificados de alto riesgo, en aquellas estaciones radioeléctricas con las que se proporcione cobertura a centrales nucleares, centros vinculados a la Defensa Nacional y las ubicaciones y centros que, por su vinculación a la seguridad nacional o al mantenimiento de determinados servicios esenciales o sectores estratégicos, sean determinados por el Consejo de Seguridad Nacional.
Las operadoras, que tendrá que remitir un informe de seguridad 5G al Gobierno cada dos años, deberán someterse, a su costa, a una auditoría de seguridad realizada por una entidad pública o una entidad privada.
Alto riesgo
Según la nueva norma, las telecos no podrán utilizar en los elementos críticos de red equipos de telecomunicación, sistemas de transmisión, equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, que permitan el transporte de señales, hardware, software o servicios auxiliares de suministradores calificados de alto riesgo.
En el real decreto no se cita a ningún fabricante, si bien se indica que se analizarán sus vínculos con los gobiernos de terceros países, la composición de su capital y el poder de un tercer Estado para ejercer presión sobre la actuación o ubicación de la empresa. Fuentes del sector señalan que estas obligaciones apuntan a Huawei, que ha tenido que afrontar numerosas restricciones en distintos países occidentales.
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