Las hoteleras recibirán 170 millones para mejorar la eficiencia energética
Las empresas de Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas con 27,1 y 26,3 millones
El Consejo de Ministros autorizó el reparto de 170 millones de euros a hoteles para financiar 2.627 proyectos de eficiencia energética, que van desde la instalación de paneles solares, la sustitución de los equipos con fuentes de energía contaminantes o la mejora del aislamiento de los edificios. Esta partida forma parte de los 3.400 millones de euros asignados dentro de los fondos Next Generation para la reconstrucción de la actividad turística. Las actuaciones tendrán que justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida.
Aún quedan otros 50 millones en ayudas no reembolsables ligadas a la eficiencia energética para repartir entre las comunidades autónomas, aunque el Ejecutivo aspira a movilizar en paralelo inversión privada a través del Fondo para la Competitividad de las Empresas Turísticas (Focit), dotado con 565 millones. Esos recursos, aprobados en diciembre de 2021, solo se pueden destinar a acciones ligadas a la digitalización o a la eficiencia energética, Incluso algunas regiones podrían establecer cierta condicionalidad a la hora de acceder a los recursos públicos, de tal manera que aquellas que logren fondos también deberán coinvertir a través del Focit.
De los 170 millones repartidos, las autonomías más beneficiadas han sido Andalucía, con 27,1 millones de euros y 420 proyectos, seguida por Cataluña, con 26,3 millones de euros y 407 proyectos. En tercer lugar aparece Canarias, que ha sufrido el impacto del coronavirus y de la erupción del volcán Cumbre Vieja, con 16,5 millones y 255 planes. A muy poca distancia aparece una autonomía poco turística, por el número de visitantes que recibe, como Castilla y León, con 16,3 millones de euros asignados a 252 proyectos.
Una vez autorizado el reparto, la responsabilidad pasa a las autonomías que son las competentes en materia turística. Acto seguido tendrán que diseñar las convocatorias, lo que puede llevar un plazo de seis meses hasta su resolución, para que el sector alojativo pueda concurrir de forma competitiva.