Los afectados por el derribo de Isla de Valdecañas piden la nulidad al Supremo

Alegan que sienten vulnerados sus derechos fundamentales

Isla de Valdecañas en Cáceres.

Los propietarios de Isla de Valdecañas en Cáceres no quieren quedarse sin sus casas. Los dueños de las viviendas acaban de presentar un incidente de nulidad frente al Tribunal Supremo después de que el pasado 15 de febrero el alto tribunal ordenara el derribo de esa urbanización por motivos medioambientales aceptando el recurso de casación de Ecologistas en Acción.

Los propietarios alegan que el Supremo ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su resolución valoró la necesidad de realizar un derribo parcial de un modo compatible con la protección del medio ambiente, a la luz del estado real de la Isla en el momento en el que se aprobó el proyecto de interés regional, según un comunicado remitido este martes por la urbanización Isla de Valdecañas.

“Esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate”, afirma Luis Díaz-Ambrona, uno de los representantes legales de los propietarios. “Por ello están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Haremos uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios”, afirma en el comunicado.

Los despachos de abogados que están representando a los afectados son Salama García Blanco y Clifford Chance.

Según afirma el propio Díaz-Ambrona la “ejecución de la Sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo tendría una mayor incidencia en el medio ambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia”, incluso se podría dar la contradicción que ejecutando la sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo, “se tengan que destruir las depuradoras, las especias autóctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningún valor medioambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanístico".

En febrero, el Supremo enmendó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y falló que no existen razones que impidan ejecutar la sentencia de demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas. “No se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición de lo construido y en funcionamiento”, afirmaba el fallo. El TSJ de Extremadura había sentenciado previamente sobre la imposibilidad de tirar 185 villas (el 32% de las proyectadas), un hotel, campo de golf y otras instalaciones como un puerto deportivo, razonado en los perjuicios sociales y económicos. Ese auto de 2020 solo obligaba a demoler las obras en curso y prohibía cualquier nueva construcción.

Marina Isla de Valdecañas comenzó a andar a inicios de los años 2000, sobre una isla en el embalse de Valdecañas. De hecho, esa zona estaba abandonada y muy degradada tras haber servido para la industria maderera y ganadería. Esa zona fue declarada como de protección de aves y posteriormente parte de la Red Natura 2000, aunque la Junta de Extremadura dio los permisos para la urbanización. Por eso, la empresa Marina Isla de Valdecañas SA puedo llevar adelante el proyecto.

La sentencia del tribunal extremeño cifraba el coste del derribo en 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponden al derribo y 111 millones por posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas.

Los propietarios afirman ahora en el comunicado haber adquirido sus viviendas legítimamente y a precio de mercado en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio. Aseguran que han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos desde hace años.

“El TSJ-Ex decidió una ejecución alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medioambientales. Fue una decisión equilibrada, con la que todos estábamos conformes”, asevera José María Concejo, portavoz de los propietarios.

Según el comunicado de los propietarios, "numerosos expertos y ecologistas" insisten en que la demolición ordenada por el Supremo supondría revertir el terreno a un estado peor del que ya estaba y generaría un terrible impacto para las aves, reptiles y mamíferos que han repoblado la zona.

“Derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental. Por eso la respuesta social contra el derribo es prácticamente unánime. El debate de fondo gira en torno al modelo económico y ambiental sostenible que necesita Extremadura y sus habitantes para poder progresar”, explica Concejo.