Inmobiliario

Isla de Valdecañas abre un caso singular de derribo y compensaciones

Comienza un proceso legal y técnico complejo para revertir la obra. La Junta tendría que asumir indemnizaciones y la demolición

Isla de Valdecañas, en Cáceres.
Isla de Valdecañas, en Cáceres.

El anuncio del Tribunal Supremo sobre el sentido de la sentencia (todavía no publicada) de la obligación de derribo de Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) abre un caso singular por su tamaño, viabilidad de la ejecución y posibles repercusiones económicas. La reversión podría acercase a 140 millones en compensaciones y gasto en demolición, al que se tendrá que enfrentar la Junta de Extremadura tras el caso ganado por Ecologistas en acción.

Alberto Ibort, socio de urbanismo y medio ambiente de Pérez-Llorca, señala que hay pocos precedentes de esta envergadura de sentencias de demolición y cree que el caso es “singular debido a que lo más llamativo es la extensión” de lo afectado. Se trata de 180 casas unifamiliares, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico, un campo de golf y una playa artificial, además de otras construcciones sin terminar. Para este abogado, también es muy relevante que se haya decidido que hay que demoler todo el proyecto, en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, primando la protección ambiental.

Marina Isla de Valdecañas comenzó a andar a inicios de los años 2000, sobre una isla en el embalse de Valdecañas, en un momento en el que no contaba con protección. De hecho, esa zona estaba abandonada y muy degradada tras haber servido para la industria maderera y ganadería. A mitad de proyecto se declara esa zona como de protección de aves y posteriormente parte de la Red Natura 2000. Pero la Junta de Extremadura lo había apoyado como un proyecto de interés regional en una zona muy depauperada.

Por eso, la empresa Marina Isla de Valdecañas SA puedo llevar adelante el proyecto con todos los permisos. Esta compañía se embolsó casi 96 millones de euros en ventas de las propiedades inmobiliarias –enfocadas al lujo– entre 2009 y 2013, fundamentalmente en 2011, cuando ingresó más de 90 millones, según se recoge en las cuentas presentadas en el Registro Mercantil.

A espera de la sentencia, las fuentes jurídicas señalan a la Junta como la entidad que tendría que asumir las compensaciones a los propietarios por haber otorgado esos permisos urbanísticos, ya que la empresa realizó su actividad en base a ellos. Aunque el Gobierno regional ha declarado que probablemente presentará un recurso de casación frente al Constitucional cuando conozca el auto del alto tribunal.

Fuentes empresariales califican el anuncio del fallo del Supremo como “aberrante”, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la anterior sentencia calificaba de imposible ejecutar un derribo completo y solo obligaba a demoler las obras iniciadas y no construidas.

El socio de Pérez-Llorca reconoce que la ejecución va a llevar su tiempo y abre una nueva vía de conflicto, ya que los propietarios deberán evaluar sus daños y demandar. Además, la Junta tendrá que presentar un plan de demolición que además de cumplir los requerimientos técnicos salve los ambientales, y que también deberá superar un periodo de alegaciones.

Las fuentes consultadas recuerdan la complejidad de la demolición, porque no solo se trata de tumbar un hotel o casas, sino deshacer infraestructuras, canalizaciones, obras de urbanización o incluso una depuradora.

Vara: el derribo sería “más negativo”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), defendió ayer que la demolición de Marina Isla de Valdecañas “todavía tiene recorrido” ante diferentes tribunales tras la sentencia del Supremo. Incidió, además, que en que en todo caso a su juicio “derribar ahora las toneladas que habrá allí de material o de ripio va a producir un efecto mucho más negativo”.

“Hay 180 propietarios que tienen también muchas cosas que decir porque ellos son terceros en buena fe afectados”, aseveró en una entrevista en la Cope, recogida por EP. Vara recordó que los afectados podrían llevar el asunto también a instancias judiciales europeas.

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