Crisis eléctrica

El Gobierno reforma el bono social para librar a los vulnerables del precio del ‘pool’

El cambio, que afecta a 1,2 millones de consumidores, se incluirá en un decreto ley de medidas de choque

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.

El precio regulado de la electricidad (PVPC) al que tienen derecho los consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a 10 kW y al que está ligado obligatoriamente el colectivo de vulnerables acogidos a los descuentos del bono social (1,2 millones de usuarios) se ha convertido en el mayor de los infiernos dentro de la infernal deriva que han tomado los precios del mercado mayorista (pool) tras la invasión rusa de Ucrania.

En un paquete de medidas urgentes para paliar la subida desorbitada de este mercado, que ayer escaló hasta los 544,98 euros/MWh, frente a los 50 euros/MWh que venía cotizando de media la luz en los años previos a la pandemia, el Gobierno quiere, entre otras medidas, desvincular el bono social de los precios del pool, que han fagocitado el beneficio de unos descuentos que de poco están sirviendo.

Y es que el citado PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) tiene como referencia directa la cotización diaria del pool. Esta tarifa regulada (paradójicamente, la más cara del mercado, cuando el objetivo inicial era ofrecer un refugio a los pequeños consumidores) aún la mantienen unos 10 millones de hogares. Y, aunque la han abandonado en el último semestre casi medio millón, para pasarse al mercado libre (en este segmento hay en la actualidad unos 16,2 millones de domésticos con derecho a PVPC) se trata de un volumen relativamente bajo teniendo en cuenta la dura crisis de precios, que se inició el pasado verano.

Por el momento, según fuentes políticas, el Ejecutivo quiere que la rebaja del precio de la luz para quienes tienen bono social, sin opción a otra tarifa que no sea el PVPC, sea efectiva. Para ello estudia distintas opciones, como crear una tarifa social a un precio muy inferior al del mercado (quizás unos 50 euros/MWh), fijando, como hasta ahora, unos límites de consumo. Ello podría conllevar un cambio legal importante del bono.

En estos momentos, existen tres tipos de consumidores con derecho al mismo: los vulnerables, los vulnerables severos y los que están en riesgo de exclusión social, en función de la renta y de determinados requisitos (familias numerosas, discapacitados, jubilados y víctimas de terrorismo o género). A raíz de la crisis energética, el Ministerio para la Transición Energética incrementó el pasado noviembre los descuentos (hasta el próximo 31 de marzo), que hasta entonces se situaban entre el 25% y el 60% a una banda del 40% al 70%, según los casos. Para los hogares en situación muy precaria, en las que intervienen los servicios sociales, la luz es gratuita.

El bono social lo financiaban hasta ahora, como servicio público, las comercializadoras eléctricas, tanto libres como reguladas, o COR, que suministran el PVPC y su coste anual ronda los 200 millones de euros. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 31 de enero, anuló esta obligación por considerarla discriminatoria, e impuso que se indemnice a las afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018, en que entró en vigor el modelo, salvo las que lo hayan repercutido a los clientes finales. Por tanto, el Gobierno debe aprobar un nuevo mecanismo de financiación, ateniéndose al fallo del Supremo.

Otras medidas

El paquete de medidas, incluido en un real decreto que aprobará en breve el Consejo de Ministros, incluye asimismo, la prórroga del recorte de impuestos a la factura de la luz aprobados desde junio del año pasado y que iría ya por la segunda prórroga. Se trata de la suspensión del impuesto del 7% a todo tipo de generación, que caduca el último día de este mes; la bajada del IVA del 21% al 10% y la del impuesto de la electricidad, del 5,4% al 0,5%, que termina el 30 de abril. Por otro lado, tal como anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compensarán en un 80% los peajes de la gran industria vía Presupuestos, como hacen Alemania y Francia sin oposición de Bruselas.

El Gobierno, además, introducirá en el RDL la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore, lo que le permitirá una rebaja de los llamados cargos de la factura (la parte fija que es competencia del Gobierno) este año de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, según distintos cálculos.

Esto ha sido posible gracias al acuerdo de mínimos alcanzado, tras muchas semanas de negociaciones con el ministerio, entre las principales asociaciones del sector: la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Anpier y Protermosolar. Estas han aceptado adelantar un año el ajuste de sus parámetros retributivos (al 1 de enero de este año) y dejar de cobrar ya las desviaciones de los altos precios de la luz, que habrían debido liquidar el 1 de enero del próximo año. En el trienio 2020-2022, las empresas tenían derecho a recibir, por año,  54,42, 52,12 y 48,82 euros MWh (a compensar si no lo recibían en el mercado o a devolver, si lo sobrepasaban, como así ha sido), un precio que en el primer año de la pandemia fue inferior, 33,96 euros y, que por tanto se deberá ajustar al alza, y en 2021, a la baja.

Una de las medidas más esperadas, que Bruselas podría incluir en la Comunicación (Toolbox) que aprobará esta semana, de la que depende el contenido del RDL que prepara el Gobierno, es la posibilidad de desacoplar el precio de la generación con gas natural del mercado eléctrico, para evitar que el resto de energías (nuclear e hidráulica) reciban los beneficios extra cuando el gas marca el precio marginal.

Por el momento, el borrador del Toolbox, incluye la minoración, vía tasa, de los ingresos extra que reciban las tecnologías inframarginales de la mano de las centrales de ciclo combinado. Una detracción que el Gobierno español ya aprobó el pasado mes septiembre y que después corrigió para dejar fuera a los contratos bilaterales y que no ha supuesto apenas recaudación.

 

Alemania, contraria a excluir al gas del mercado

Hay quien considera que el mercado eléctrico está roto por lo que son necesarias medidas más que excepcionales para frenar los precios. España ha propuesto retirar del mismo la generación con gas para evitar que esta contamine la formación de precios. Pero Alemania y los países nórdicos se resisten.

El Ejecutivo, que tiene preparada una batería de medidas contra la escalada, está esperando a que Bruselas apruebe, quizás hoy, la Comunicación que incluye con seguridad una tasa a los llamados windfall gas, que reciben la nuclear y la hidráulica, para aprobarlas a través de un RDL. El Gobierno podría ir más allá de las recomendaciones, pero el cambio en las reglas del mercado requieren de la cobertura de la UE.

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