Los letrados judiciales irán de nuevo a la huelga por la subida salarial y prevén paralización de juzgados

La Unión Progresista ha convocado paro los días 9 y 10 de marzo y 5, 6 y 7 de abril

Letrados de la administración de justicia en una concentración el pasado 26 de enero de 2022 ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la huelga convocada en el sector.
Letrados de la administración de justicia en una concentración el pasado 26 de enero de 2022 ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la huelga convocada en el sector. EFE

Los letrados de la Administración de Justicia están llamados a la huelga los próximos días 9 y 10 de marzo y 5, 6 y 7 de abril para defender una adecuación salarial justa y su derecho a la negociación colectiva. El colectivo ya protagonizó el pasado 26 de enero, una jornada que se saldó con la paralización de numerosos juzgados de toda España y suspensión de multitud de juicios.

La asociación convocante, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), se reunió ayer con los representantes del ministerio, Javier Garrido Ramos, subdirector adjunto de Innovación y Calidad, y José Ramón Crespo, subdirector general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia, para llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos. No hubo otro punto a tratar en el orden del día.

La situación no ha mejorado desde que el pasado 26 de enero la UPSJ se plantase y convocase la primera huelga a la ministra Pilar Llop. La espita fue la firma de un convenio con los sindicatos de la Administración de Justicia en diciembre que contemplaba un incremento salarial medio del 5,26 % para los letrados. Muy lejos del 30 % que pedían. En una guerra de datos, la asociación cuantificó el seguimiento en un 70 % mientras que el ministerio lo rebajaba a un 30 %.

En dicha jornada el parón obligó a suspender 1.842 juicios de los 2.631 que se señalan de media al día en España, según la asociación. También se vieron afectadas 73.667 declaraciones (de las 105.239 que se celebran al día). Esta es la mayor inquietud ante estos nuevos parones, afirma Xoán Xosé Yáñez, miembro del comité de huelga en UPSJ: “A mí me preocupa todos los juicios que se van a tener que suspender y volver a señalar, y cómo va a quedar la agenda”

Promesas vacías

Según relata Xoán Xosé Yánez, miembro del comité de huelga en UPSJ, la asociación estuvo esperando una reacción por parte del ministerio que nunca llegó. “Pasados diez días, ante esta situación, hemos vuelto a convocar nuevas jornadas de paro”, explica. Después de este nuevo anuncio, Justicia se reunió con la asociación el miércoles de la semana pasada, 23 de febrero. A la cita acudieron tanto el secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez, como el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

“Íbamos con voluntad conciliadora”, afirma Yáñez, que estuvo como representante de UPSJ en la reunión. Incluso, apunta, mandaron una propuesta “en la que respetábamos los límites que nos habían marcado” que no estudiaron en el ministerio. “Nos encontramos con la negativa absoluta a considerar avances en el derecho a la negociación colectiva de los letrados y a hablar sobre la cuestión retributiva”, resume. Del resto de condiciones, afirma, “tan solo nos prometieron diálogo, pero sin cifras ni propuestas reales”. “Nos estaban pidiendo que desconvocáramos las huelgas sin comprometerse absolutamente a nada”, subraya Yáñez.

Diálogo

Se da la circunstancia de que el pasado 11 de febrero, el Ministerio de Justicia tuvo una reunión con la asociación mayoritaria entre el colectivo, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), representada por su presidente Rafael Lara. En esa ocasión los representantes del departamento liderado por Pilar Llop llegaron a un acuerdo para establecer un calendario de reuniones y crear unos grupos de trabajo para avanzar sobre varios puntos como la reforma del estatuto del cuerpo (que no se toca desde 2015) y temas más conflictivos como la adecuación salarial y la negociación colectiva. Según informaron los representantes de la asociación, el ministerio "ha quedado sensibilizado ante las sentencias ganadas por el Colegio en elecciones a juntas de personal provinciales, y la demanda que actualmente tenemos puesta y que está en el Tribunal Supremo, de cara a la unidad electoral propia". En declaraciones a Cinco Días Legal, Lara afirmaba que "esto demuestra que la apuesta por la negociación en la que siempre ha creído el Colegio empieza a dar sus frutos".

A esta reunión no fue llamada la UPSJ, aunque el diálogo entre las dos asociaciones se ha mantenido según sus representantes. Lo cierto es que, si bien están de acuerdo en que el interés es común, la estrategia seguida es diferente. Desde UPSJ, Yáñez asegura que han intentado conseguir una “unidad de actuación”. Por otro lado, afirma, “lo que han acordado con el ministerio no es nada nuevo”. “Son meras promesas, pero, dado que nos niegan toda capacidad negociadora, los acuerdos no tienen ningún tipo de validez: si no los cumplen no tienen consecuencias”. Algunas de las cuestiones, agrega, “son temas que tenían obligación legal de cambiar”, y otras son “soluciones a muy largo plazo”.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia han respondido a este medio que “el ministerio dialoga con todos sus interlocutores y negocia y atiende peticiones razonables; lamentablemente la UPSJ no quiere negociar nada sino instalarse en un conflicto permanente defendiendo posiciones maximalistas que no permiten ningún tipo de acercamiento de posturas”. “Sus reivindicaciones se salen del marco legal y sindical y no le dan más opción al Ministerio que seguir avanzando con otros interlocutores más posibilistas y razonables”, añaden.

Adecuación salarial

El punto más polémico en este conflicto es el sueldo de los letrados judiciales. Las asociaciones apelan al mandato legal que tiene Justicia para adecuar el salario de estos funcionarios después de que la ley de presupuestos de 2021 incluyera una disposición al efecto. El ministerio mantiene su discurso de que cumplió con su obligación al firmar el convenio con los sindicatos de Justicia. En total, la subida salarial pactada fue del 5,26 % más el 2 % de incremento del sector público. Un total de 195 euros mensuales.

UPSJ pedía una subida del 30 %, en consonancia con el aumento de trabajo asumido progresivamente desde hace diez años, muy lejos de lo acordado en el convenio de diciembre. Por lo tanto, la asociación no considera cumplida el mandato al departamento de Llop. Pero, mientras que los letrados se quejan de que hay compañeros (sobre todo los de nueva incorporación o los de tercera categoría) que ganan de media poco más de 1.500 euros al mes, el secretario general de Justicia, Olmedo, señala que, el sueldo medio de un letrado es de casi 47.000 euros al año.

En este baile de cifras, Yáñez afirma que han presentado estudios para cuantificar cuál debe ser el incremento justo para los letrados. En una segunda propuesta, señala, se pidió un aumento de 700 euros mensuales, que, ahora, se ha cambiado por otro porcentaje fijo.

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