Una ‘tasa Tobin’ europea con los mismos problemas que las nacionales

Europa ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la tasa Tobin, un impuesto sobre transacciones financieras cuyo primer intento de regulación europea data de 2011, y que algunos países, como es el caso de España, han implantado por su cuenta a lo largo de los últimos años con resultados no demasiado halagüeños. Este nuevo intento por parte de la UE, que pretende tener lista la norma antes de final de año, está justificado por la necesidad creciente de sumar nuevas fuentes de ingresos debido a la presión ejercida por las ayudas a la recuperación, junto a la incierta factura que pasará a Europa la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pese a todo ello, el modelo que maneja Bruselas apuesta por gravar con un 0,1% las compras y las ventas en cada transacción, frente al 0,2% aplicado en España, por ejemplo, aunque el impuesto español se aplica solo a las adquisiciones. El plan de la UE apunta a una implantación progresiva que aspira a sumar una decena de países antes del final de 2022. En caso de que no se alcance un acuerdo suficiente, el calendario podría ampliarse hasta 2026, lo que equivaldría muy probablemente a meter de nuevo la iniciativa en el cajón.

Las experiencias de aplicación de las distintas tasas Tobin que están ya en vigor en algunos países europeos no constituyen una buena tarjeta de visita. En Francia, una de la economías pioneras en adoptar este impuesto, no ha sido un éxito, ha defraudado en términos de recaudación, ha penalizado al pequeño inversor y ha reducido de forma notoria –en torno a un 20%– el volumen de negociación del mercado. Algo similar se puede decir de España, donde un año después de su implantación el fracaso en términos de recaudación es notorio. Entre enero y noviembre de 2021, la cifra recaudada era de solo 288 millones, lo que apunta a un volumen final de unos 300 millones, poco más de un tercio de los 850 esperados por el Gobierno.

La tasa Tobin europea acabará con las disfunciones que han introducido en los mercados sus homólogas nacionales, al aplicar una misma horma a toda la UE. Pero el impuesto en sí seguirá teniendo los mismos defectos y problemas: favorecerá la opacidad en la negociación al hacer más económicas las transacciones fuera de los mercados regulados, elevará los costes de transacción de las Bolsas europeas, dañará la financiación bursátil como recurso para las empresas al reducir la liquidez y encarecer el capital e incentivará la deslocalización de operaciones. Parecen razones suficientes para meditar la conveniencia y eficiencia de seguir adelante.