La futura ley de planes de pensiones de empleo nace con debilidades

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, una iniciativa fruto de los compromisos asumidos con Bruselas para acceder a los fondos europeos, pero cuyo texto no ha conseguido satisfacer plenamente a los sindicatos ni recabar el apoyo de las patronales. La futura ley, que pretende facilitar el acceso a este tipo de instrumentos de previsión social a trabajadores de rentas medias y bajas y de pymes, así como a autónomos y jóvenes, incluye como medida estrella la creación de un gran fondo de pensiones de empleo de promoción pública para 2023. Al modelo diseñado por el Gobierno, que será gestionado por el sector privado, podrán adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación, incluyendo una nueva figura: los planes simplificados.

La puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura constituye sin duda el intento más ambicioso hasta la fecha de promocionar los planes de pensiones de empleo, una fórmula de ahorro que no ha conseguido echar raíces en España, al contrario de lo ocurrido en otros países europeos. Tras más de 35 años de regulación, estos instrumentos cuentan con un ahorro acumulado de en torno a 37.000 millones de euros para dos millones de partícipes, la gran mayoría de ellos funcionarios o trabajadores de grandes compañías.

Aunque el Ejecutivo ha realizado mejoras al texto en un intento por contentar a todas las partes interesadas, como es el caso de la eliminación del tope máximo de las comisiones de gestión, la posibilidad de reducir de la base de cotización de la Seguridad Social una parte de las aportaciones de las empresas a los planes de sus trabajadores, o la obligación de “negociar” en los convenios la adopción de este instrumento en lugar de imponerla obligatoriamente, el anteproyecto nace con defectos y debilidades. El primero de ellos es la falta de incentivos fiscales, un extremo respecto al cual el Ejecutivo no ha atendido los requerimientos de las empresas y que puede influir considerablemente en el éxito de la regulación. El segundo es el hecho de que la promoción de este tipo de instrumentos haya ido precedida de la retirada de apoyo a los planes de pensiones individuales, una desafortunada decisión del Gobierno que ha generado severas críticas y que sería necesario revisar. Dada la debilidad creciente de la estructura demográfica española y los límites de un sistema público de previsión social que a día de hoy no resulta sostenible, ignorar la urgencia de sumar fuerzas en este terreno y proteger el mayor número de fórmulas de ahorro posible constituye una inexcusable muestra de miopía política e institucional.