Aena ya adjudica espacios comerciales con rentas garantizadas para 2023 superiores a las de 2019
Cierra un centenar de concursos en los que bajó precios a la mitad para generar interés, pero los ganadores han ofertado al alza
El negocio no regulado de Aena, basado esencialmente en el alquiler de espacios comerciales en las terminales de los aeropuertos, comienza a ofrecer señales de reactivación después de las peores fases de la crisis sanitaria.
Tras sufrir un fuerte revés en el Congreso de los Diputados (Disposición Final 7 de la Ley 13/2021, de 1 de octubre), de donde salió la obligación de rebajar las rentas en vigor en idéntica proporción a la caída del tráfico de viajeros respecto a 2019, Aena ha adjudicado más de un centenar de espacios comerciales. La compañía ha podido constatar apetito entre comerciantes y hosteleros por unos arrendamientos que salían adaptados a una etapa que se prevé de recuperación. Pero las ofertas económicas han superado incluso las expectativas.
Del centenar de espacios licitados en muy diversos aeropuertos, 80 están enfocados a la explotación de tiendas. Sus contratos de alquiler ya vencidos sumaban 25 millones de euros de renta mínima garantizada anual (RMGA) para Aena. Una cifra que fue rebajada hasta los 12 millones de RMGA como presupuesto base para 2022, pero las ofertas ganadoras han sumado 21 millones. Esta cifra supone un grado de recuperación del 84% en las RMAG respecto a 2019. Los contratos están en vigor hasta 2026 y el ingreso mínimo garantizado de Aena crece año a año. Para 2023, la RMGA media de estos 80 contratos de alquiler alcanza ya los 28,5 millones de euros, lo que supone una tasa de recuperación del 114% sobre los ingresos garantizados que tenía Aena antes de la crisis.
Respecto a los 20 nuevos contratos para retauración y vending, sus RMGA de 2019 eran de un total de 6,1 millones al año; la licitación por parte de Aena se produjo por 3,7 millones, y las ofertas que se han impuesto garantizan unas rentas mínimas para el gestor de cinco millones en 2022 y de más de siete millones ya en 2023.
A por estas ubicaciones en terminales de aeropuertos de todo tamaño, como Madrid-Barajas, Valencia, Ibiza, Fuerteventura o Almería, han acudido algunos de los grandes clientes del área comercial de Aena: SSP, Lagardère, Áreas o Pansfood, entre otras.
El centenar de nuevos arrendamientos con precios similares a los de antes de la pandemia, pese a las rebajas en el precio de partida, dejan entrever la confianza del retail en la recuperación del tráfico.
Precauciones
La experiencia durante la crisis sanitaria, con la judicialización de la petición de ajustes en las rentas minimas garantizadas por parte de los comerciantes, en un contexto de hundimiento del tráfico, ha hecho que Aena incluya una cláusula en los contratos que regula el modo de actuar en caso de caídas drásticas en el negocio de los inquilinos.
Ante cualquier circunstancia extraordinaria que afecte al equilibrio de las partes, el arrendatario puede reclamar un recorte de hasta el 50% de la RMGA si sus ingresos bajan más del 70% en cada uno de los cuatro meses anteriores a la solicitud. El ajuste sería de hasta el 30% en el caso de que la facturación mermara entre el 50% y el 70% en el mismo periodo.
La Ley 13/2021 obliga a una bajada en los alquileres vigentes a 14 de marzo de 2020 en igual porcentaje al del derrumbe del tráfico en el aeropuerto en que se presta la actividad comercial, y hasta la recuperación de los niveles de viajeros de 2019.
Lucena renovará como presidente y sale del consejo el jefe de Enaire
Aena ha convocado junta de accionistas con la reelección del consejero ejecutivo y presidente, Maurici Lucena, en el orden del día, así como el nombramiento de Eva Ballesté como dominical. Esta profesora del área de finanzas del Instituto de Empresa y con experiencia en cargos directivos en Endesa, Grupo Puentes y Alstom, sustituye al director general de Enaire, Ángel Luis Árias. Sale del consejo, de este modo, el más alto representante del accionista de control.
Aena también lleva la designación de KPMG como auditor para 2023; la autorización para emitir bonos en cinco años por un máximo de 5.000 millones, y la primera votación, con carácter consultivo, del informe del plan de acción climática.
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