Infraestructuras

Aena lleva hasta 40 juzgados la batalla contra el ajuste del Congreso a sus rentas

Los primeros fallos indican que en fase de cautelares no procede elevar la cuestion de inconstitucionalidad, ante lo que el gestor insistirá en otras instancias

 Vista de un panel de información en Madrid-Barajas.
Vista de un panel de información en Madrid-Barajas.

La carrera de Aena en los tribunales va a ser larga en busca de que un juez plantee la cuestión de inconstitucionalidad contra la orden del Congreso de los Diputados de rebajar las rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) que aplica a los comerciantes instalados en sus terminales. La compañía presentó la primera solicitud en octubre, en el juzgado de primera instancia 47 de Madrid, y ha alcanzado las 40 peticiones en otros tantos juzgados, del centenar en que se dirime la disputa por la rentas.

Aena ha sufrido ya reveses en una fase preliminar. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el caso que enfrenta a Adolfo Domínguez SA con Aena, y la Audiencia Provincial de Madrid, en la disputa entre el gestor aeroportuario y SSP, desestimaron elevar la referida cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Disposición Final 7 de la Ley 13/2021, de 1 de octubre. El caso es que los primeros intentos de Aena se han producido en fase de cautelares.

El juzgado mallorquín se apoya en el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/179 del Tribunal Constitucional, que fija el momento procesal para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad “una vez concluso el procedimiento”. Es decir, cuando solo reste dictar la resolución que ponga fin al caso.

El recorte de las rentas mínimas tiene un efecto de 1.350 millones en ventas hasta 2025

La justicia ha remarcado que se discute la adopción de cautelares para frenar el pago de la renta de alquiler mientras se dirime si la pandemia es causa para la modificación de los contratos de arrendamiento. También señala el artículo 35 de la de la Ley Orgánica 2/179 que “la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

A esta tabla se agarra el equipo jurídico de Aena, en la confianza de que puedan darse iniciativas judiciales a favor de analizar la inconstitucionalidad de la Ley 13/2021 cuando se entre a valorar el fondo de la disputa entre la compañía pública y sus inquilinos. Restan tantas opciones para Aena como juzgados están llevando o puedan llevar esta batalla.

El 23 de septiembre una amplia mayoría en el Congreso avaló una enmienda en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por la que se reducían, sobre recortes previos, las RMAG por el alquiler de espacios comerciales. Se trató de la respuesta de la Cámara Baja al mal momento de comerciantes y hosteleros por el derrumbe del tráfico aéreo y la falta de clientes en sus establecimientos. Aena cuantificó en 1.350 millones el golpe en sus ingresos hasta 2025 y puso en marcha su estrategia jurídica para dejar sin efecto el mandato del Congreso.

La enmienda obliga a Aena a suprimir la RMAG que debían afrontar los arrendatarios entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y a que a partir de esa fecha el alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019”. Un ajuste que perdurará hasta la recuperación del tráfico.

La Cámara Baja fijó el alivio en los alquileres hasta que se recupere el tráfico de 2019

La defensa del operador se basa en que se ha producido una infracción de la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad al tratarse de una ley creada contra el interés de una empresa favoreciendo a una de las partes en un conflicto judicial.

 

Normas
Entra en El País para participar