Una hoja de ruta realista para el regreso a la consolidación fiscal

El último análisis del FMI sobre España, hecho público ayer, dibuja una heterogénea radiografía económica que incluye el respaldo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos del Covid, como los créditos ICO o las ayudas de la SEPI, el mantenimiento de una tasa de crecimiento del 5,8% para este año y una seria advertencia sobre cuáles son los temas clave que España debe afrontar si quiere apuntalar la recuperación. El organismo reconoce que la economía ha recuperado los niveles de empleo anteriores a la pandemia, aunque recuerda también que no ha ocurrido lo mismo con la productividad, que sigue estando por debajo. El informe sugiere alzas impositivas en IVA y fiscalidad verde e insiste en la ineludible necesidad de asegurar la sostenibilidad de las pensiones, pero advierte al tiempo de que los elevados ratios de deuda pública acumulados en los últimos años hacen obligado poner en marcha “un plan creíble de consolidación fiscal”.

Las dimensiones de la deuda pública española, que ha experimentado un fuerte incremento durante la pandemia de Covid-19 y se sitúa ya en el 120% del PIB, superan ampliamente los límites recomendados por la ortodoxia, que pone la línea roja en torno al 100% del PIB. Ese desequilibrio, alimentado en los últimos ejercicios por la combinación de un recurso extraordinario a la emisión de bonos para hacer frente a la crisis y de un desplome paralelo de la producción, no ha supuesto un lastre financiero insoportable gracias al apoyo de un entorno monetario laxo y acomodaticio. Sin embargo, el horizonte que afronta España, junto al resto de la zona euro y de las principales economñias mundiales, pasa por un endurecimiento de la política de los bancos centrales, que se preparan para subir tipos de interés para frenar el aumento de la inflación. A ello se une una confluencia de riesgos de muy difícil control, como la crisis de suministros y materias primas o el alza del petróleo y la electricidad, que complican de forma indiscutible el futuro de la recuperación.

El Gobierno debe afrontar con habilidad la negociación de las nuevas reglas fiscales europeas, que se se llevará a cabo en este 2022, pero ha de sentar también –y cuanto antes– las bases de una progresiva vuelta al equilibrio presupuestario de forma que resulte creíble no solo para Bruselas y los organismos internacionales, sino también para los mercados y los inversores. Esa hoja de ruta tiene que incluir una racionalización del gasto público, una gestión eficiente de los fondos europeos y una mayor flexibilización de los mercados con el fin de sanear las cuentas públicas y ayudar a las empresas a navegar en un entorno de crecimiento probablemente menor y con mayores riesgos.