La paradoja del endurecimiento regulatorio de las sicavs en España

Como se esperaba, el endurecimiento de la regulación de las sicavs se ha saldado finalmente con la disolución de la mayor parte de estas sociedades, a excepción de aquellas que acumulan mayores patrimonios, buena parte de las cuales mantendrán el mismo régimen legal y la misma fiscalidad ventajosa de que han disfrutado durante años estos vehículos de inversión. La debacle de las sicavs españolas es consecuencia de una modificación de la ley antifraude que exige actualmente a estas sociedades acreditar que cuentan con 100 socios con una inversión mínima de al menos 2.500 euros cada uno para poder acogerse al gravamen del 1% en el Impuesto sobre Sociedades. La medida fue adoptada para acabar con la figura de los mariachis, inversores que figuraban en muchos de estos instrumentos únicamente para completar el número mínimo de accionistas exigido por la ley con el fin de tributar de forma ventajosa.

Aunque el grueso de estos instrumentos no cumple con las condiciones exigidas por la nueva regulación, muchos de los grandes patrimonios han decidido adaptarse a ellas para poder seguir disfrutando del mismo régimen fiscal. Otros se mantendrán también bajo la figura de sicav, pero tendrán que elevar su tributación al 25% al no cumplir los requisitos de la norma. La mayoría de estas sociedades, sin embargo, de pequeño tamano, ha optado por la disolución –y por buscar otros instrumentos para invertir el patrimonio– o por transformarse en una sociedad anónima o limitada.

Pese a la legitimidad que tiene cualquier Gobierno para combatir los excesos en que puedan incurrir sociedades o instrumento de inversión, la suerte de las sicavs ha sido una muerte largamente anunciada por un discurso político hostil, así como por la fuerte incertidumbre regulatoria que ha pesado sobre el sector a lo largo de los últimos años. La disolución masiva es, en ese sentido, el último capítulo de la progresiva disminución que han exprimentado estas sociedades, tras una edad dorada que alcanzó su culmen en 2015, cuando más de 3.400 sicavs acumulaban en España 34.000 millones de euros.

Aunque el Gobierno ha abierto una puerta de salida a las sicavs controladas por personas físicas para traspasar el dinero a otros vehículos con beneficios fiscales, resta por ver qué porcentaje de capital invertido en estos instrumentos opta por migrar a otros mercados, que es uno de los riesgos que se barajan desde el sector financiero. Como también qué factura pasa a España, como destino de inversión, un endurecimiento fiscal teñido de consideraciones ideológicas, y que, paradójimente, han podido finalmente eludir los mayores patrimonios.