El sí que salvó la reforma laboral abre la puerta a otros 12.000 millones de fondos europeos
El PP prosigue con su estrategia de intentar anular la votación con la que se convalidó la reforma del mercado de trabajo
El ruido mediático y la tensión generada entre los partidos por la polémica votación del jueves pasado para convalidar la reforma laboral en el Congreso no empañarán que la nueva ley laboral siga vigente (entró en vigor el 30 de diciembre).
Ni siquiera las reclamaciones anunciadas por el PP (y Vox) a la Mesa del Congreso y, llegado el caso, al Tribunal Constitucional, parece que vayan a paralizar la aplicación de la reforma laboral, según las fuentes de la Administración consultadas.
De hecho, en el fragor de la batalla, pocos fueron los que se acordaron tras la votación de una de las consecuencias de que la reforma laboral fuera finalmente aprobada. Se trata de que el sí a esta nueva normativa abre las puertas directamente a la recepción de la siguiente partida de 12.000 millones de fondos europeos para la reconstrucción. Y la mayor parte de este nuevo desembolso de ayudas comunitarias (10.000) estaban condicionadas al cumplimiento del componente 23, dentro de las reformas exigidas a España por Bruselas para recibir este dinero. Tras el accidentado visto bueno a la reforma laboral, se espera que este dinero llegue a la economía española en 2022, a partir de mediados de año.
La dirección de UPN respalda a su presidente en la caída de sus dos diputados
La dirección de UPN ha respaldado el camino iniciado ayer por su presidente, Javier Esparza, para descabalgar de sus cargos a los dos diputados del Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, por no respetar las directrices recibidas y cuyo futuro queda ahora en manos del Comité de Disciplina, informa Efe.
Ha sido en el Consejo Político, máximo órgano decisorio de UPN entre congresos con 232 representantes, entre ellos los dos diputados, reunido para finalmente ratificar con el 80,62 % de los votos favorables el acuerdo adoptado en la tarde de ayer por el Comité Ejecutivo de pedir el acta a los dos diputados o de instar a su expulsión del partido si no lo hacen.
La crisis se abrió este jueves cuando ambos votaron en el Congreso en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Central, pese a que UPN les había pedido el apoyo tras pactarlo con el PSOE a cambio de que PSN apoyara al alcalde de Pamplona de UPN en iniciativas presupuestarias y contra una reprobación en el Ayuntamiento.
Los citados 12.000 se sumarán a los 9.000 millones recibidos inicialmente, que no estaban ligados al cumplimiento de ningún objetivo; y a otros 10.000 millones por haber cumplido 52 hitos de los exigidos, que ya se abonaron a finales del año pasado, siendo España el primer país europeo que cobró esta parte de los fondos de reconstrucción.
No obstante, pese a que la paralización de la reforma pondría en peligro el desembolso esperado para el segundo semestre de este año, los populares no cejan en su empeño de anular la votación del jueves en el Congreso y dar al traste con la nueva normativa del mercado de trabajo.
Este viernes, la presidenta del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió por carta a la vicepresidenta de la Cámara Baja, Meritxell Bate, que no publique el resultado de la polémica votación por la que se aprobó la reforma gracias a un voto favorable erróneo de un diputado del PP. Y le reclamó asimismo, que tampoco emita la resolución por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de dicho resultado, lo que permite que la reforma continúe en vigor.
En paralelo, el diputado del PP por Cáceres que salvó la reforma con su voto favorable, Alberto Casero, escribió otra carta a Batet quien corrobora la versión de los hechos dada por la dirección de su partido el jueves y acusa a la presidenta del Congreso de “quebrantar el derecho de voto”. En su relato cronológico de lo sucedido el jueves, Casero aseguró que como estaba enfermo solicitó el voto telemático y que votó en contra de la convalidación, pero que en “el certificado emitido por la Cámara” su voto aparecía como afirmativo. A continuación, explica que como le pareció un fallo del sistema se puso en contacto con la Mesa, sin éxito, y con su grupo parlamentario antes de la votación, quienes trasladaron el problema a Batet, que no hizo caso al considerar que el voto ya estaba emitido y no podía cambiarse porque el diputado se hubiera equivocado. Por este motivo, Casero denuncia que “se ha visto vulnerado su derecho fundamental al ejercicio del voto” establecido en la Constitución. Además, que por este motivo el resultado de la votación “no expresa la voluntad popular” al incluir un voto en sentido contrario.
En esta misma línea, el líder del PP, Pablo Casado, exigió a la Mesa del Congreso que “reconsidere” la convalidación de la reforma laboral, por ser un “pucherazo”, ya que Batet, conocía el “error del sistema” pero continuó con la votación. Casado cree que Batet podría estar prevaricando por ello.
Los ministros del Gobierno salieron este viernes a defender la aprobación de la reforma y entre las más contundentes estuvo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien criticó que la postura de los populares en esta votación y las declaraciones posteriores de su líder “no hacen nada más que confirmar una posición de negacionismo, destructiva e incluso de boicot que ha llegado a los fondos europeos”, por las críticas del PP a su reparto entre las comunidades autónomas.
Calviño, de visita en el País Vasco, contrapuso el trabajo de los gobiernos español y vasco en torno a estos fondos europeos con la posición del PP que “se dedica a criticar, boicotear y sembrar dudas no contra el Gobierno de España, sino contra España, dentro y fuera de sus fronteras”.
Es más, la vicepresidenta respondió a las quejas de “pucherazo” lanzadas por el propio Casado asegurando que cada uno de los partidos es “consciente” de las “razones” de sus “decisiones” y de los “riesgos que ello acarrea”, en clara referencia al cambio en el sentido del voto de los diputados de UPN que supuestamente podría haber sido en connivencia con el PP.
Más clara fue en ese sentido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien acusó directamente a la dirección popular de haber “comprado” las voluntades de los diputados navarros y añadió que eso es “corrupción”.
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