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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Más agilidad y eficacia para resolver las quejas del cliente financiero

Aunque con un retraso que suma ya cuatro años, el Gobierno ha previsto crear en 2022 la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, un organismo que actuará a modo de ventanilla única frente a las reclamaciones de los usuarios del sector financiero hasta una cuantía que podría establecerse en torno a los 50.000 euros. A diferencia de lo que sucede con las resoluciones de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ­(DGSFP), las decisiones de esta suerte de cuarto supervisor tendrán carácter vinculante, y su labor se desarrollará de forma horizontal, es decir, sobre todas y cada una de las áreas del sector financiero. Buena parte del retraso a la hora de ponerlo en marcha se explica por el debate que ha habido en torno a cuál podría ser el modelo más adecuado para garantizar esta supervisión en España. Con la creación de una autoridad independiente, el Gobierno se aleja del esquema twin peaks –conformado por dos únicos supervisores, uno dedicado a la solvencia y otro a la conducta– que han propugnado hasta ahora todos los presidentes de la CNMV, incluido el actual, y que habría supuesto hacer del nuevo organismo una oficina dependiente del vigilante de los mercados.

Entre las ventajas de contar con una autoridad independiente para tramitar las quejas, que podrá declarar la nulidad de cláusulas abusivas, anular liquidaciones y ordenar la devolución de impuestos, destaca la mayor agilidad y cercanía que ejercerá respecto al consumidor financiero, el cual podrá dirigirse directamente a un único organismo sea cual sea la naturaleza del producto o servicio sobre el que verse la reclamación. También permitirá dotar de una mayor coherencia a los criterios de resolución de conflictos en los tres sectores que conforman el mercado, cuyos supervisores se consultan y coordinan entre sí, pero que no pueden competir con la agilidad y coherencia que proporcionaría la resolución de los casos a cargo de un único organismo.

Dado el retraso que acumula España en torno a la creación de este cuarto guardián y la creciente complejidad de los mercados y los productos financieros, el Gobierno debe impulsar cuanto antes la puesta en marcha del nuevo organismo, así como garantizar que este cuenta con medios suficientes para desarrollar con eficacia su labor en un sector en el que la protección al consumidor ha ido creciendo como una de las piezas fundamentales para garantizar la equidad y la transparencia.

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