Hacienda ha perdido la ocasión de adelantarse a la justicia europea

El Tribunal de Justicia de la UE ha publicado finalmente la sentencia por la que declara contraria al Derecho de la Unión Europea la normativa tributaria española que obliga a los residentes fiscales en España a declarar los bienes o derechos que posean en el extranjero. El ya célebre formulario 720, por el que el contribuyente debe informar sobre los bienes y derechos por valor superior a 50.000 euros situados en otros países, se ha convertido en un foco de conflictos constantes para Hacienda a lo largo de los últimos años. A las diversas resoluciones que se han dictado contra esta normativa desde los tribunales económico-administrativos y los tribunales de justicia, hay que unir las críticas realizadas por numerosos expertos en fiscalidad, así como el dictamen que emitió en 2017 la Comisión Europea –que calificó las multas de “desproporcionadas y discriminatorias”– y que ha dado lugar finalmente a la condena del Tribunal de Justicia de la UE.

Las razones que la justicia europea aduce para tumbar el modelo 720 son tres: el hecho de que no establezca un régimen de prescripción de las obligaciones, y de que permita cuestionar incluso prescripciones ya consumadas, la desproporción de su régimen sancionador, y la discriminación que supone que las sanciones sean considerablemente más duras que las impuestas en otras obligaciones fiscales similares de carácter nacional. Pese a la severidad de las multas, que son hasta 66 veces más altas que las de otros países europeos, es importante aclarar que el fallo no cuestiona la legitimidad del modelo en sí, es decir, el deber de comunicar los bienes y derechos en el extranjero, sino la desproporcionalidad de las sanciones.

La reacción del Gobierno a la sentencia de Luxemburgo ha sido la esperada: el acatamiento del fallo y el compromiso de corregir cuanto antes la normativa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó un hecho cierto –que el modelo 720 fue creado por el Gobierno del Partido Popular– pero omitió una circunstancia igualmente notable: que tanto el clamor de tribunales y fiscalistas, como el dictamen del abogado general del tribunal de la UE, que se pronunció contra la normativa en julio del año pasado, han dado margen suficiente al actual Ejecutivo y a la propia ministra de Hacienda para reformar la regulación. Sin duda Hacienda debe corregir cuanto antes los excesos del modelo 720, así como afrontar la inevitable cascada de recursos y de reclamaciones que el fallo generará, con la factura que corresponda por las nulidades y devoluciones, pero España ha perdido una excelente oportunidad para adelantarse a este fallo europeo y ganar tiempo en términos de conflictividad judicial.