La UE mira con lupa el reparto de los fondos en España por ser el primer socio en recibir la ayuda
El Gobierno asegura que el criterio de distribución tiene el aval de Bruselas Andalucía, Cataluña y Madrid, las que más dinero han recibido
El Gobierno de España, pese a la ofensiva del Partido Popular (PP) por el reparto de una parte de los fondos europeos, se muestra seguro de que los criterios de distribución entre las comunidades autónomas cuentan con el beneplácito de Bruselas. La Comisión Europea, esgrimen fuentes gubernamentales, lleva vigilando con lupa desde el principio todo lo que rodea al mecanismo ideado para acelerar la recuperación comunitaria y, más concretamente, el que atañe a España.
La razón, prosiguen estas fuentes, es que España es hasta la fecha el único socio que ha recibido el primer pago oficial, más allá de la prefinanciación que ha llegado ya a 21 socios, por lo que Bruselas puede estrenar su plan de fiscalización.
Hasta ahora, al país han llegado 19.000 millones de euros. De ellos, 9.000 millones obedecieron a este anticipo, mientras que los 10.000 restantes, que llegaron a finales de 2021, estuvieron vinculados a la consecución de más de 50 hitos recogidos en el Plan de Recuperación aprobado por la Comisión y el Consejo. Las fuentes gubernamentales creen que Bruselas está siendo especialmente estricta con España en cuanto a la transparencia y claridad de las convocatorias y en cuanto a los repartos y la colaboración con las autonomías y entidades regionales porque, de alguna manera, se están sentando las bases de un mecanismo novedoso para el que también se está preparando sobre la marcha la propia Comisión.
Como España va más adelantada que el resto de capitales, sostienen estas fuentes, el país está lidiando con una exigencia y un control mayor que el que rodea a otras partidas comunitarias tradicionales. Por esa razón, añaden, la tranquilidad en el Ejecutivo es total.
Bruselas no ha dado su posición oficial respecto a la polémica. Fuentes comunitarias consultadas explican que, para aprobar los desembolsos de cada país, la Comisión estudia –además del cumplimiento de los objetivos– que las condiciones pactadas con los países se han cumplido en su totalidad. Por ello, sugieren, la cuestión que atañe al reparto de los fondos y a la transparencia en los procesos no estaría en entredicho.
Estas fuentes también reconocen que, por la magnitud de las cifras, el plan de recuperación supone un “reto” y que la vigilancia está siendo más “estricta”. Añaden, no obstante, que el nivel de exigencia que se está mostrando con España será similar para el resto de socios una vez que comiencen a recibir los desembolsos.
El Ejecutivo, recuerdan las fuentes gubernamentales, ha transferido hasta la fecha un total de 11.246 millones de euros del ejercicio presupuestario de 2021, a los que hay que sumar otros 1.060 millones a demanda de las comunidades autónomas. La cantidad en 2021 superaría por ello los 12.000 millones, la mitad de los 24.000 millones presupuestados en las cuentas públicas. Los 12.000 que no han podido llegar a las comunidades, según estas fuentes por motivos de calendario, pasarán a la partida de 2022 gracias a una disposición presupuestaria en la que el restante de recursos que queden por ejecutar se transfieren al siguiente año.
En este primer reparto entre autonomías, Andalucía ha recibido 1.915 millones de euros según los datos oficiales. Le sigue Cataluña (1.578 millones), Madrid (1.213 millones), la Comunidad Valenciana (1.054 millones), Castilla y León (742 millones) y Galicia (681 millones). Entre los argumentos de los que se sirve el Gobierno para defenderse de las acusaciones está el hecho de que cuatro de estas seis regiones están gobernadas por el PP, y solo una por el PSOE.
Estas fuentes también explican que los criterios de reparto se han acordado en casi 60 conferencias sectoriales en las que se han sentado representantes del Ministerio de Hacienda, de cada comunidad autónoma y de la Federación de Municipios y Provincias. No obstante, reconocen, también se han asignado fondos fuera de esas reuniones. El Gobierno los cifra en más de 2.000 millones de euros y justifica su aprobación por interés público. En esta partida se incluyen los 9 nueve millones que han dado pie a la polémica tras el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, primero, y las acusaciones de arbitrariedad por parte de todo el PP, después.
De cara a la primera mitad de 2022, el Ejecutivo se ha propuesto que el despliegue de los fondos europeos alcancen velocidad crucero, para lo que se lanzarán 170 convocatorias por valor de 17.000 millones de euros.
Impacto en la economía real
El Gobierno no sabe aún cuántos fondos han llegado ya a la economía real, es decir, los que ya han salido de la caja del Ejecutivo, pero también de la de las autonomías y entidades locales. Para ello está trabajando con ministerios y regiones. Cuando esta información comience a llegar, el Ejecutivo también tiene pensado actualizar las estimaciones del impacto que tendrá sobre el PIB todo el oxígeno comunitario. A día de hoy, se prevé que el fondo suponga dos puntos de crecimiento, si bien la cifra es todavía preliminar. El cálculo final, además del volumen de ejecución real del dinero, dependerá también de las cifras definitivas de ayudas que recibirá España. El Gobierno tiene pensado solicitar la parte correspondiente de los préstamos, unos 70.000 millones, mientras que está a la espera de los cálculos de la Comisión para conocer la cantidad de subvenciones exacta.
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