La facilidad de la financiación no debe retrasar la rebaja del déficit
La dirección general del Tesoro presentó ayer en sociedad su estrategia de financiación del Estado, que ya había anticipado Hacienda cuando llevó a las Cortes el proyecto de Presupuestos. Una operación relativamente más sencilla que la llevada a cabo en 2020 y 2021, donde el agobio de la pandemia estresaba hasta extremos desconocidos las herramientas de financiación pública. El Tesoro emitirá este año menos deuda que en 2021, tanto por la reducción de sus emisiones netas como brutas, que denotan la contracción, aunque en absoluto suficiente, del déficit fiscal hasta el 5%. Y emitirá menos también porque el grueso de las inversiones públicas correrán a cargo de los presupuestos financiados desde Bruselas, con inyecciones regulares de los fondos Next Generation. Pero la facilidad de financiación destilada por la estrategia presentada ayer encubre una realidad crecientemente preocupante, a la que tarde o temprano el Tesoro y los responsables públicos deberán enfrentarse: la financiación de unos niveles de endeudamiento históricamente elevados, que ahora gozan, de forma excepcional, del favor del mercado por la intervención de los bancos centrales.
Como dato ilustrativo de la envergadura de la operación sirva el volumen de deuda bruta que el Tesoro deberá emitir (237.498 millones de euros) para hacer frente a la refinanciación de la deuda que vence (y a cuya amortización no se puede hacer frente por tener las finanzas en situación deficitaria) y al crecimiento neto de la misma (unos 75.000 millones) para cubrir el desequilibrio fiscal del ejercicio. Esto es: el Estado deberá pedirle a los mercados financieros 237.498 millones de euros, y proporcionarle la confianza suficiente en su devolución y el pago puntual del cupón para lograr colocar los bonos y letras a precios razonables. Es una cantidad inferior a la de 2021, un 10%; pero es una cantidad superior, por ejemplo, a la que el propio Estado le pedirá a los contribuyentes vía impuestos, que solo llega a los 232.352 millones, según el Presupuesto.
Y deberá hacerlo en un momento en el que los tipos de interés en el mercado secundario están subiendo de forma acelerada por la presión de la inflación, aunque la renovación de las emisiones permitirá todavía este año reducir el tipo medio de coste (en el 1,65% en 2021). El mercado obligará a que la emisión de los citados 237.000 millones (un 20% del PIB) será más cara que la de 2021, pues solo en la última semana el bono a diez años ha experimentado una subida de rentabilidad muy fuerte. Y ante este avance del coste, y aprovechando que los programas de inversión los costea Bruselas solo a cambio de reformas, una gestión previsora aconseja empezar a reducir el déficit fiscal para proporcionar a los mercados la confianza que, necesariamente, van a reclamar.