Una desbandada del capital de las sicavs, mal negocio para España

Sería un gravísimo error que las decisiones de inversión eviten el país por no encontrar el vehículo adecuado para invertir

El desmantelamiento final de cientos de sociedades de inversión de capital variable (sicavs) es un hecho que va a tomar forma definitiva con el año que está a punto de comenzar. De cómo se sustancie dependerá la deslocalización o no de un cuantioso capital del que tan necesitada esta la economía del país. El origen del proceso está en el cambio normativo promovido por el Gobierno de coalición que, bajo la intensa presión de Unidas Podemos, ha endurecido el confortable escenario fiscal (1% en Sociedades) de que se dotó a unos instrumentos financieros con personalidad jurídica y como objeto social captar, gestionar e invertir fondos.

Del atractivo marco fiscal de unas sociedades que debían contar con un mínimo de cien accionistas, pero en las que un mal diseño derivó en que la gran mayoría fueran simples corifeos –los llamados mariachis– de una gran fortuna, a menudo familiar, se ha pasado a un modelo más exigente que, desde las primeras insinuaciones por parte del Gobierno, ha derivado en una cascada de cierres de sicavs, muy acelerada en las últimas semanas, cuando se acercan los cambios. Ahora, los consejos de administración de las 2.302 sicavs que quedan deberán explicar antes de febrero a la CNMV qué harán con su futuro: mantener el formato jurídico, pero con tributación más exigente, o disolverse y traspasar el dinero a un fondo de inversión convencional, a un fondo libre o transformarse en sociedades anónimas. Las que no opten por el nuevo régimen (al menos 100 socios con una inversión mínima de 2.500 euros cada uno, algo que hoy cumple menos del 20%) tendrán que tributar al 25%, lo que viene a ser un pistoletazo de salida para la liquidación generalizada o, en el caso de las controladas por personas físicas y según los expertos, la transformación en fondos, que, eso sí, ya no tendrán por qué estar radicados en España.

En todo caso, el Gobierno ha abierto la puerta de salida a las sicavs controladas por personas físicas para el traspaso de dinero a otros vehículos en cómodos plazos y con beneficios fiscales, como no tributar por las plusvalías acumuladas si se reinvierten en fondos con el formato europeo Ucits.

La figura de las sicavs ha generado controversia, a menudo por razones ideológicas al pertenecer muchas de ellas a las mayores fortunas del país. Esto, unido a la incertidumbre normativa y al escrutinio a que está obligado el consejo de administración, ya había animado a muchos titulares a buscar otros vehículos. Sería un gravísimo error que las decisiones de inversión eviten España por no encontrar el capital el vehículo adecuado para invertir. Una desbandada de los fondos de las sicavs españolas –su actual patrimonio ronda los 29.000 millones de euros– sería un pésimo negocio para el país.