El Gobierno logra que Cepyme y más de 120 grandes empresas colaboren con la nueva FP
La normativa educativa es aprobada en el Congreso con el voto en contra del PP
La nueva ley de Formación Profesional (FP), aprobada ayer en el Congreso, contará con la colaboración de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), para ayudar a que los alumnos que se incorporen al sistema dual puedan realizar sus prácticas en las pymes españolas, cuyas necesidades son distintas a las de los grandes corporativos. Así lo han señalado a este medio fuentes del Ministerio de Educación y FP, las cuales han explicado que la estrategia de la organización será fomentar las alianzas entre distintas microempresas para impulsar su papel en esta rama formativa. A ello se sumará la participación de más de 120 grandes compañías.
La principal novedad es que toda la FP pasará a ser dual –hasta ahora esta representaba solo el 4% del total– es decir, que combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas. Ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo y que además será remunerada. Con esta medida, el Gobierno lo apuesta todo a la FP. Se trata, en definitiva, del último intento por cambiar el mercado laboral.
Su aprobación en el Congreso fue, sin embargo, un triunfo agridulce para la bancada socialista, que confiaba en que fuera la primera normativa educativa desde la transición que se adoptara por unanimidad. Todo apuntaba a que así sería, pero una decisión de último momento por parte de la bancada del Partido Popular (PP) hizo que ese sueño se desvaneciera. Al final hubo 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. Ahora le toca al Senado, que tendrá que decidir si el proyecto de ley es aprobado en sus términos actuales o se presenta alguna enmienda o veto, en cuyo caso regresaría al Congreso. Educación espera que esto no ocurra, de hecho, aún conservan la esperanza de que en este tiempo el PP “reflexione” y apueste por la normativa en la Cámara alta.
Tras meses de negociación, el Gobierno aceptó 213 enmiendas de las 592 planteadas por los distintos grupos políticos. Pese a ello, la portavoz de los azules, Beatriz Jiménez Linuesa, no dejó escapar la oportunidad para reprocharle al PSOE la falta de diálogo. Durante su intervención en el Congreso, recalcó que de todas las enmiendas transaccionadas, la mitad fueron pactadas con los nacionalistas y solo 17 con los populares. Ante estas acusaciones, fuentes del Ministerio han señalado que el grupo socialista le dio la oportunidad al PP de renegociar el 40% de sus propuestas, sin tener una respuesta positiva.
Fuera de la Cámara, fuentes populares aseguraron que su cambio de voto se debió a que en las últimas sesiones se introdujeron enmiendas que dismicriminan la enseñanza concertada para priorizar la pública. Lo cierto es que su actitud sorprendió a más de una bancada, pues ni siquiera Vox votó en contra, sino que se abstuvo. Lo mismo hicieron otros cinco partidos, entre ellos Esquerra Republicana.
La reforma llega 19 años después de que, en 2002, se aprobara la ley vigente hasta ahora. En este tiempo, España se ha quedado rezagada del resto de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en este terreno, y aunque el incremento de un 18% de estudiantes de FP en los últimos siete años ha sido relevante, aún sigue por debajo de las tasas de matriculación media de la organización, que se sitúa en un 29%.
Con esta nueva ley, el Gobierno pretende reducir el desempleo, en especial el juvenil, a través de potenciar una rama educativa que tradicionalmente ha sido relegada. La oferta formativa contempla cinco niveles, de la A a la E. Las microformaciones tendrán categoría A, mientras que los títulos y cursos de especialización estarán reconocidos con una D o una E, el nivel más alto. Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal.
La norma contará con una dotación de 5.474 millones de euros a desplegar en cuatro años, de los que unos 1.550 millones proceden de las ayudas europeas. Del total del presupuesto, 850 millones de euros se destinarán a la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. La idea es que millones de españoles consigan un título en los próximos años. Su papel será clave para cubrir hasta 10 millones de plazas de empleo en España de aquí a 2030, según el último informe del Observatorio de la FP.
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