La propuesta sobre la nueva financiación autonómica

Las directrices elaboradas por el Gobierno no constituyen un nuevo modelo, sino una adecuación del vigente a los tiempos actuales

El Gobierno ha dado traslado a las comunidades autónomas, salvo a las del País Vasco y Navarra, de ciertas directrices para un nuevo sistema de financiación autonómica (el anterior está vigente desde 2009), basadas en el cálculo de población ajustada, nuevo índice para responder a las exigencias planteadas por muchos de sus presidentes, que parte de los trabajos previos realizados por la comisión de expertos y el comité técnico permanente de evaluación.

Este índice se completa, en primer lugar, con el establecimiento de nuevos porcentajes de reparto en función del tipo de gasto (sanidad, educación y servicios sociales). En segundo lugar, con variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, ya contempladas en el actual modelo. Por último, elementos correctores por despoblación.

Comenzando por el gasto más importante, el sanitario, los tramos de edad se dividen en quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos, para precisar, mucho más, el coste real existente por franjas. De este modo, se tiene en cuenta, por ejemplo, la distribución del relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia, y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Ello permite que el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumente, pasando de una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.

Por lo que respecta a la educación, la propuesta plantea varias opciones. La primera, evaluar las necesidades tanto de la población no universitaria (0 a 17 años) y universitaria (18 a 24 años), según el padrón y la entrada de alumnos de formación, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios. La segunda opción, no incluyendo esta entrada. Y una tercera basada únicamente en los matriculados.

La ponderación de esta variable también se incrementa desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25%-30% (la educación no universitaria, un 75%-80%, y la universitaria el resto).

Respecto de los servicios sociales, la variable población de 65 y más años se divide en dos tramos para permitir adaptar el modelo a la realidad del gasto (entre 65 y 79 años y mayores de 80) y se incluyen los parados sin prestación por desempleo.

La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5%, pasando a ser entre un 6% o un 10%, teniendo en cuenta que el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.

Sobre el resto de servicios, la propuesta mantiene la estructura actual, teniendo en cuenta la población total empadronada, reduciéndose este indicador del 30% vigente a un baremo entre el 18% y el 22%.

Todo lo anterior se completa con variables correctivas de carácter geográfico, con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de servicios en aquellas comunidades autónomas cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto, consecuencia del reto demográfico. Estos factores pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual a una horquilla de entre el 3%-4%.

Una de estas variables es la superficie (en kilómetros cuadrados), pues es determinante en la identificación directa de las necesidades de las comunidades y una característica que puede modular las necesidades de gasto de los territorios en relación con aquellas competencias no vinculadas directamente con la superficie, siendo representativa de fenómenos como la despoblación y la dispersión, de los que pasamos a ocuparnos.

La primera representa un factor que está ligado al reto demográfico. Para abordar su cálculo se propone tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media –sin incluir núcleos con más de 75.000 habitantes– lo que permite reforzar el resultado de las comunidades autónomas más despobladas.

Sobre la dispersión la propuesta contempla dos posibilidades. Por un lado, tener en cuenta la entidad singular de población habitada (cualquier área habitable del término municipal). Por otro, considerar aquellos núcleos que suponen un conjunto de, al menos, 10 edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas, incluidas las que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del conjunto.

Como viene siendo habitual, se tiene en cuenta la insularidad (en función de los kilómetros de las islas a la Península).

Otra de las novedades reside en la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala, que puede afectar a siete de las comunidades autónomas de menor población y que tienen mayores dificultades de alcanzarlas por el mayor impacto que presentan sus costes fijos.

Tal y como podemos comprobar, no estamos ante un nuevo modelo de financiación autonómica, sino la introducción de variables que permitan adecuar el vigente a los nuevos tiempos, eliminando sus aspectos negativos. Sin embargo, muchas cuestiones se encuentran pendientes, como su aplicación al actual régimen de fondos para garantizar la suficiencia financiera y la situación de los tributos cedidos. Lo importante es que el camino se ha iniciado, ya que buena falta hace.

Javier Martín Fernández es Socio director de Ideo Legal. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM