Extremadura y Aragón, las regiones más beneficiadas por la fórmula de población ajustada y Galicia y Canarias, las menos

Fedea critica los “trajes a medida” para varias regiones en la propuesta de financiación autonómica. Los cálculos de Hacienda abren la puerta a cierta arbitrariedad, señala la entidad

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EP

El Gobierno presentó la semana pasada a las comunidades autónomas una propuesta en firme para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) basada, principalmente, en la revisión del cálculo de la llamada población ajustada. Esta variable funciona como un indicador de necesidades de gasto que pondera las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. El objetivo es que todas las regiones puedan ofrecer las mismas prestaciones. Ayer, ya analizado el plan, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) celebró que Hacienda haya seguido los consejos del grupo de expertos para la reforma, pero también criticó aspectos que, a su juicio, “abren la puerta a una cierta arbitrariedad”.

De esta forma, según el informe que firma el director de la fundación, Ángel de la Fuente, la propuesta elaborada por el departamento que dirige María Jesús Montero incluye “ajustes ad hoc” y “trajes a medida” que favorecen a algunas zonas en base a unos criterios discutibles y cuestionables. Con una vista a vuelapluma, Extremadura y Aragón serían las regiones más favorecidas por el nuevo cálculo, mientras que Galicia y Canarias se colocarían como las más perjudicadas.

“No se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos”, reconoce Fedea en el documento, sino de “una fórmula de reparto ideal en base a los costes estimados de proporcionar una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país”. Sin embargo, se intuye una parte “más discutible” dentro de la reforma que estaría vinculada a la “introducción de ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer trajes a medida en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas”, sentencia.

Cabe recordar, señala la entidad, que si la fórmula de costes es correcta, “un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada” aseguraría que todas las regiones pudiesen ofrecer recursos y servicios similares a sus ciudadanos, “aunque estos tengan mayores costes en unos territorios que en otros”. Este objetivo, como tal, queda en cuestión con el diseño llevado a cabo.

En concreto, Fedea pone el foco en un “peculiar reparto por bloques” de la partida de costes fijos, basado en un “confuso e innecesario” análisis. La entidad también critica el novedoso indicador de despoblación selectiva, a su juicio introducido con calzador y pensado para favorecer a determinadas regiones.

Así, los ajustes por costes fijos y despoblación propuestos resultan muy discutibles por su “arbitrariedad”. El indicador de despoblamiento, por ejemplo, se calcula como la población que sería necesaria en cada comunidad para llevar a todas sus provincias a la densidad media nacional, tras excluir a la población que reside en municipios de más de 75.000 habitantes. “La discusión sobre cómo se llega a esta definición es bastante confusa y muy poco convincente”, ilustra Fedea.
Los ajustes resultantes del rediseño, prosigue el texto, “generan cambios significativos en las necesidades de gasto de algunas regiones que resultan difíciles de justificar en base a la escasa evidencia existente sobre el impacto de los factores geográficos sobre el coste de los servicios autonómicos”, afirma la fundación.

Así, en relación con el sistema vigente, Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de siete puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a las “correcciones ad hoc por costes fijos por segmentos y por despoblación”. Por su parte, Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores. Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, por su parte, perderían a grandes rasgos entre 1 y 1,5 puntos, mientras que Andalucía se vería perjudicada en medio punto.

Se da la circunstancia de que las comunidades que más ganarían con la propuesta, según el cálculo de Fedea, son todas las que se reunieron en Santiago de Compostela el pasado 23 de noviembre, excepto la anfitriona, Galicia. Así, a Extremadura y Aragón, que mejorarían 8,6 y 7 puntos, se les añadirían necesidades de gasto son La Rioja (5,41 puntos), Cantabria (4,51 puntos), Murcia (3,28 puntos), Castilla-La Mancha (3,14 puntos), Asturias (2,72 puntos), Castilla y León (2,54 puntos) y Baleares (2 puntos).

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