Consejo de Ministros

Trabajo quiere obligar a las empresas a comunicar todas sus vacantes

La nueva Ley de Empleo creará una Agencia Española de Empleo que garantizará que los desempleados reciban al menos una oferta de empleo al año

La presidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La presidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En su furor legislativo para sacar adelante todas las reformas pactadas con Bruselas para la obtención de los fondos de recuperación, el Gobierno ha dado hoy una primera lectura en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes a un primer texto de la nueva Ley de Empleo, con el que pretende llevar a cabo una revolución en el funcionamiento de las oficinas del servicio público de empleo. Entre otras novedades, la norma --que ha sido presentada hoy por la minstra de Trabajo, Yolanda Díaz-- incluirá que las empresas tengan que informar de sus vacantes a la administración; la creación de un gran portal de información de ofertas de empleo; o el establecimiento, como derecho del usuario, de acceder a un itinerario individualizado de búsqueda de empleo.

El primer cambio al que aspira el Ministerio de Trabajo con esta norma es a convertir el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Española de Empleo, similar, salvando las distancias, a la Agencia Tributaria (aunque en este caso los inspectores seguirán como un organismo separado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social). Este cambio orgánico persigue facilitar el establecimiento de una cartera común de servicios de orientación, formación e intermediación laboral para los usuarios (parados o trabajadores en busca de otro empleo) y las empresas. Y uno de los principales objetivos de este cambio es superar con creces la ignominiosa tasa del 2% de intermediación que registran los servicios públicos de empleo. Esto es, que solo son los artífices de que un trabajador encuentre un puesto de trabajo en dos de cada cien casos.

La cartera común de servicios que se establezca para todas las comunidades recogerá hasta once derechos de los usuarios. Entre ellos, se incluirá que el compromiso de actividad, que sucribe el demandante de empleo, incluya "una periodicidad de ofertas garantizadas". Esto es que tendrá derecho a recibir ofertas de empleo, "que no podrán ser menos de una al año". Y si pasan seis meses sin ofertas, los servicios públicos de empleo deberán justificar el motivo.

Entre estos derechos citados por Díaz está también "el derecho de las personas a una atención absolutamente individualizada y tutorización pormenorizada hasta el final". E igualmente, este acompañamiento se realizará con quienes tengan una idea de emprendimiento. "La agencia estudiará con rigor si estos proyectos son viables y lo acompañarán a lo largo de todo el proceso, incluso con recursos públicos", ha explicado la ministra.

Para mejorar las actuaciones de la futura Agencia Española de Empleo, esta ley que ha arrancado su tramitación este viernes en el Consejo de Ministros –aún debe incorporar las aportaciones de los agentes sociales y pasar por los órganos preceptivos para luego ser tramitada en el Parlamento– pretende hacer varios grandes cambios. El primero será crear “un gran portal de información” sobre ofertas de empleo y formación; el segundo, establecer una gran red de orientadores y tutores individuales “que guíen a los usuarios en la detección de su grado de empleabilidad, su formación en caso de que sea necesaria y su búsqueda de empleo”, según fuentes de Trabajo; y, en tercer lugar, la incorporación de la inteligencia artificial a estos dos procesos.

Estas mismas fuentes explicaron que Trabajo persigue la “obligatoriedad” en el deber de información de las empresas sobre las vacantes y ofertas de empleo que se produzcan en sus plantillas, “aunque la fórmula de dicha obligatoriedad aún debe desarrollarse reglamentariamente”, precisaron. Se trataría de hacer esta comunicación, como ya están obligados a comunicar al servicio público de empleo cada contrato laboral que suscriben.

Si bien, los responsables de diseñar esta ley sí insisten en que la obligatoriedad de compartir esta información “no debe interpretarse [por parte de los empresarios] como un aumento de sus obligaciones burocráticas sino como un derecho suyo a un servicio, que si se hace bien, les supondrá un ahorro”. No obstante, esta comunicación no implica que el empresario deba usar los serivicos públicos para la intermediación.

Asimismo, el fin último de esta "gran reforma estructural", como la ha definido la propia Díaz, será digitalizar el servicio público de empleo "de arriba abajo y modernizar todos sus sistemas operativos, que van a llegar a todas las terminales digitales de la ciudadanía", añadió la ministra.

En cuanto al plan de Trabajo para la atención a los usuarios, su intención es establecer “una auténtica red de orientadores” en todas las comunidades autónomas. El compromiso del Ejecutivo --no incluido en la norma-- es que, cuando se haya desplegado completamente la nueva Agencia Española de Empleo, haya unos 7.000 orientadores o tutores para atender a un millón de usuarios, en su mayoría desempleados.

Para ello Trabajo pretende recuperar los 3.000 orientadores contratados por los servicios públicos de empleo –aunque aún no tiene el visto bueno de Hacienda– e incluir en esta red a “un montón de centros de orientación invisibles en ayuntamientos, asociaciones u ONG”. Asimismo, se creará en cada comunidad autónoma –que son quienes tienen la competencia en políticas activas de empleo– un centro de orientación laboral. En estos puestos “necesitamos personas bien formadas, ahí es donde nos la jugamos”, señalan desde Trabajo.

El presupuesto para la implantación de esta nueva agencia y su arranque saldrá de los más de 7.000 millones presupuestados para políticas activas para 2022 y los 2.000 millones de fondos europeos para educación y formación. De momento, en próximas semanas ya van a publicarse los pliegos de una oferta pública “solo para digitalización” de estos servicios, por valor de 150 millones de euros, que se licitarán el próximo año y se ejecutarán hasta 2023.

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