Legislación

El Gobierno amplía el blindaje anticoncursos de acreedores hasta junio de 2022

Queda anulada la capacidad de los acreedores de solicitar el amparo judicial

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Europa Press

El Gobierno lanza otro balón de oxígeno a las empresas con una ampliación de la moratoria concursal. La primera se aprobó en los albores de la crisis del Covid, allá por marzo de 2020, con un primer final en el mismo mes de este año, que se amplió hasta finales de 2021. Ahora se prorroga de nuevo, de manera que estará en vigor hasta  junio de 2022. Las empresas no tienen la obligación de solicitar concurso voluntario y los jueces no tramitarán las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores, según ha publicado el BOE este jueves.

Según explicó el martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la decisión va “en consonancia” con el criterio de la Comisión Europea, y busca “dar seguridad jurídica y seguir apoyando a las empresas” en su recuperación. La nueva prórroga, la tercera aprobada, coincide con el retraso del Ejecutivo a la hora de impulsar la nueva ley de reforma del sistema concursal español que aspiraba a tener lista antes de final de año.

El texto definitivo señala que "el cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso comenzará a contar el día siguiente"  al 30 de junio de 2022. Y también que las declaraciones de concurso presentadas por las compañías se admitirán "a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario". Es decir, siempre tendrá prioridad la solicitud de la empresa respecto a la de los acreedores.

El plan del Gobierno era tener lista la trasposición de la directiva europea de reestructuraciones para que estuviera en vigor una vez caducada la moratoria que concluía a finales de diciembre Esta norma permitirá a las empresas contarán con un plazo máximo de 12 meses de preconcurso, frente a los cuatro actuales, y habrá más facilidad para forzar que los acreedores acepten los pactos de reestructuración. Se podrán, incluso, imponer quitas del 100%.

El problema es que esa norma fue sometida a audiencia pública el pasado agosto y ni siquiera se ha presentado de manera oficial por el Consejo de Ministros, de manera que en ningún caso podría entrar en vigor para enero. El Gobierno decide así ampliar el balón de oxígeno hasta mediados del próximo año. 

Las cifras de concursos de concurso de acreedores muestran que el analgésico del Gobierno ha surtido efecto. El número descendió en septiembre un 13,1% respecto al mismo mes de 2020, pero crecieron un 34,6% respecto al mismo mes de 2019.

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