Los fondos de pensiones de empresa deben promoverse, no imponerse

El Gobierno aprobó ayer el primer informe del anteproyecto de ley que regulará los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y planes simplificados, cuyo objetivo es facilitar el acceso a este tipo de instrumentos de previsión social “a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes”. La futura ley, que prevé la selección de gestoras y depositarias mediante procedimiento abierto, nace con un propósito ambicioso: conseguir que el modelo arraigue en España y se extienda entre el tejido empresarial. No es un objetivo sencillo si se tiene en cuenta que tras más de 35 años de regulación, este tipo de productos cuentan en nuestro país con dos millones de partícipes, la mayoría funcionarios o trabajadores de grandes compañías. Los planes del Gobierno pasan por lograr captar a otros ocho millones de partícipes para llegar a diez al final de la década.

El modelo que ha diseñado el Gobierno es una apuesta importante por fortalecer el denominado segundo pilar del sistema de previsión social, pero nace con algunos problemas y debilidades. El primero de ellos es el hecho de que la promoción de este tipo de instrumentos haya ido precedida de la retirada de apoyo a los planes de pensiones individuales, una decisión que el Gobierno tomó hace más de un año y que sería conveniente revisar. No en vano, en un contexto como el actual, con una población envejecida y una natalidad bajo mínimos, las políticas de previsión social deben aspirar a aunar esfuerzos, nunca a restarlos.

A ese enfoque hay que sumar, por ejemplo, la ausencia en el anteproyecto de incentivos específicos para los planes dirigidos a pymes, autónomos, colegios profesionales y entidades públicas, como se ha señalado desde el sector financiero. Los fondos dispondrán de una gobernanza específica con “comisiones de control propias”, integradas por representantes sindicales, de la patronal y del Gobierno, lo que puede suponer una cortapisa a la capacidad de decisión de las gestoras, aunque desde el Ejecutivo se ha descartado la posibilidad de veto.

Pero quizá el problema más serio es la decisión de habilitar la negociación colectiva sectorial como medio para generalizar este tipo de planes entre el tejido empresarial, una decisión que sobrecargará todavía más la negociación colectiva con un tema que puede resultar conflictivo. Desde la patronal se advertía ayer de que la disposición podría ser inconstitucional si su redacción impone de algún modo a las empresas la adopción del instrumento, una decisión que puede ser muy gravosa para aquellas compañías que no estén en condiciones de asumir esa carga.