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El pacto del Gobierno con ERC: más producción en catalán sufragada con un nuevo impuesto a Netflix

El Ejecutivo utiliza la ley audiovisual para captar el apoyo de Esquerra a sus cuentas para 2022

Logo de Netflix en un móvil con imágenes de películas y series de fondo.
Logo de Netflix en un móvil con imágenes de películas y series de fondo.Getty Images
Juande Portillo

La cuota catalana de Netflix, y el resto de plataformas audiovisuales, ha resultado finalmente la llave con la que el Gobierno ha logrado amarrar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Así se deriva del acuerdo sellado por los socios del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, con ERC a cambio de sus 13 votos a favor de las cuentas públicas. Este incluye elevar el contenido en catalán, vasco y gallego exigible a las plataformas audiovisuales y sufragar parcialmente su producción con un nuevo impuesto.

El pacto se instrumentaliza a través de la ley audiovisual que ultima el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El acuerdo incluye que de cada 100 películas ofertadas en plataformas como Netflix o HBO, 30 tendrán que ser producciones europeas, la mitad españolas y de ellas seis en lenguas cooficiales (el 20% de las comunitarias).

A su vez, el pacto incluye costear parcialmente la producción de contenidos en vasco, catalán y gallego mediante la aplicación de un nuevo impuesto a las plataformas audiovisuales que ya contemplaba el proyecto de ley. La idea es que un 10% de la recaudación que arroje este nuevo tributo sirva a financiar producciones en lenguas cooficiales.

El nuevo impuesto exigirá a los servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal de ámbito estatal o autonómico ordinarios y a demanda con ingresos superiores a 50 millones de euros el abono de un 5% de estas ganancias. Quedarán explícitamente exentas las plataformas con ingresos anuales inferiores a los 10 millones de euros.

De los ingresos obtenidos, 10 de cada 100 euros irán a parar a financiar obras audiovisuales en catalán, vasco o gallego, mientras que el resto sufragará, en general, producción de corte europea o a nutrir el Fondo de Protección de la Cinematografía.

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