Economía extiende hasta 2023 el blindaje empresarial ante la inversión extranjera
El Consejo de Ministros alarga el escudo antiopas de empresas europeas Alarga hasta medidados del próximo año los fondos de recapitalización de compañías y las líneas ICO
El Gobierno ha decidido mantener vigente hasta 2023 el blindaje de las empresas españolas consideradas estratégicas ante la compra de participaciones de más del 10% de cualquier inversor extranjero. Así lo ha decidido este martes el Consejo de Ministros, quien ha decidido prolongar desde el 31 de diciembre de 2021 la solicitud de autorización para las operaciones de inversores extranjeros, procedan o no de la UE.
"La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos", ha defendido el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.
El Ejecutivo decidió en marzo de 2020, durante las semanas más duras de la pandemia y cuando todas las empresas del Ibex 35 caían a plomo en Bolsa, trasponer una directiva europea que permitía a los Gobiernos requerir una autorización especial para la toma de participaciones en empresas consideradas estratégicas, que operaban en sectores como el energético, las telecomunicaciones, los medios de comunicación o el sanitario. La medida estaba en un principio limitada a lo que durase el Estado de Alarma, pero el Gobierno terminó por hacerla permanente.
La medida afectaba solo, en un principio, a los inversores con sede fuera de la UE. Pero el Gobierno terminó por extender esta protección también a los que residen en el club comunitario, aunque en este caso mantiene el carácter temporal de la medida. Es este blindaje sobre los inversores de la UE el que ahora prologa y podrá levantar ya en 2023.
El objetivo de fondo es evitar que el desplome bursátil provocado por la crisis del Covid sobre la cotización de compañías claves del país sea aprovechada por inversores extranjeros para hacerse con posiciones de fuerza en firmas estratégicas del país. Pero, por el momento, el Gobierno no ha vetado ninguna operación. Ha autorizado, por ejemplo, la opa de KKR, Cinven y Providende sobre Masmóvil y de esta sobre Euskaltel. Y con condiciones también dio el visto bueno sobre la opa parcial de IFM sobre Naturgy.
Los inversiones extranjeros que lanzan una operación sobre una compañía estratégica deben llamar primero al buzón del Ministerio de Industria, que es el encargado de tramitar la autorización. Este traslada el expediente al Consejo de Ministros, tras haber sido investigado por los ministros implicados. Es el Consejo de Ministros el que debe dar luz verde a la autorización, para lo que cuenta con un plazo de seis meses.
Extensión de fondos de recapitalización
En paralelo, el Gobierno ha decidido aprovechar que Bruselas ha dado luz verde recientemente a la ampliación del marco de ayudas de Estado hasta mediados del año que viene, que permite extender los fondos de rescate de la SEPI o Cofides, entre otras ayudas. La nueva medida podría amoldarse a este calendario.
Gracias a esta posibilidad, el Ejecutivo mantendrá operativos hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de grandes empresas y pymes que se instrumentalizan a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides, respectivamente.
También se amplían hasta el 31 de julio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas que han garantizado, hasta el 18 de noviembre, 1,13 millones de operaciones y desplegado avales por 101.945 millones de euros, lo que ha permitido movilizar inversiones por 133.975 millones de euros en financiación a empresas.
