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El derecho ante la nueva ley de vivienda

Se contemplan límites de precios del alquiler o penalización de viviendas vacías

Gabriela López Escalante
Inmobiliario y construcción
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El anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda presentado en octubre ante el Consejo de Ministros ha sacudido al sector inmobiliario. Patronales y constructoras han criticado las nuevas cargas administrativas que introduce para los propietarios y han denunciado que con los cambios la ley pueda pecar de intervencionista y aumente la inseguridad jurídica. Ante el temor, los abogados coinciden en un punto: la normativa está aún muy verde.

“Dado que el anteproyecto se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación, habrá que prestar atención a su evolución y a los cambios que se puedan introducir, desde el Gobierno, en primer lugar, y por parte de los grupos parlamentarios, posteriormente”, manifiestan en el departamento de derecho inmobiliario de Garrigues, uno de los despachos destacados en la lista de

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Se prevé que la norma entre en vigor en el segundo semestre de 2022

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Aun así, no descartan el gran impacto que estas medidas tendrán en el mercado inmobiliario español. Entre ellas, citan la previsión de medidas fiscales, como incentivos al arrendamiento y penalización de las viviendas vacías (recargos de hasta el 150% del IBI), una de las estrategias consideradas para introducir un mayor número de viviendas de titularidad privada al mercado del alquiler. En esta línea, también señalan las posibles modificaciones en la legislación de arrendamientos urbanos, que incorporará tanto prórrogas en las duraciones de los contratos como limitaciones de los precios en las zonas que se consideren tensionadas.

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Pero, según declaraciones de la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la ley no entrará en vigor hasta el segundo semestre de 2022 y la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los precios del alquiler podría no ver la luz hasta 18 meses después.

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