La gestora deberá informar de la pensión que se cobrará con los planes de empresa

El cliente recibirá una carta con el cálculo del dinero que va a ahorrar

Sergio Álvarez Camiña, director general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Sergio Álvarez Camiña, director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Las gestoras de planes de pensiones van a tener nuevos deberes dentro de poco. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) prepara una circular que les obligará a remitir una carta a los dueños de planes de pensiones de empleo, cada año, informándoles de cuál es la estimación de pensión privada que van a tener cuando se jubilen.

El supervisor de seguros, dependiente del Ministerio de Economía, acaba de sacar a consultas esta nueva normativa, que no es sino la transposición de una directiva europea, de 2016, que pretende armonizar los fondos de pensiones de empleo, un vehículo de previsión social que promueve la empresa o la administración pública en beneficio de sus empleados.

Una de las exigencias de esta directiva es que cuando una compañía está metiendo dinero para la jubilación de su plantilla, que la gestora de esos fondos les informe adecuadamente de cuánto dinero podrían llegar a tener ahorrado cuando llegue la edad de su retiro puedan empezar a comprar esa pensión privada, como complemento de la pública.

A la hora de hacer el cálculo, la gestora deberá tener en cuenta una previsión de los tipos de interés futuros, hipótesis biométricas sobre cada asalariado, hipótesis sobre aportaciones futuras y derechos consolidados (“contemplando la evolución previsible de la inflación y la tendencia de los salarios”), y varios escenarios sobre las previsiones económicas.

La planificación financiera

España es el país europeo donde los jubilados tienen una mayor dependencia de su pensión pública. La generosidad de la Seguridad Social con la pensión ha hecho que también sea uno de los países del mundo donde menos problemas hay de pobreza entre los ancianos. Ahora bien, con la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España, el gasto en pensiones se va a disparar y son muchos los expertos que apuntan a que no bastará con aumentar temporalmente las cotizaciones a la Seguridad Social para cubrir el desequilibrio.

En los países donde no hay tanta dependencia de la pensión pública es fundamental saber cuánto dinero se va a acumular en la pensión privada de cara a una correcta planificación financiera.

Además, también deberán informar al dueño del plan de empleo de cuánto tendría acumulado en capital y también cuánto sería ese dinero si optase por irlo cobrando en forma de rentas.

El objetivo de esta norma es que el trabajador pueda conocer con mayor exactitud el dinero con el que podrá contar cuando se jubile para hacer frente a sus gastos.

La gran paradoja de esta circular es que exige a las gestoras privadas que hagan un ejercicio que el Estado no ha hecho, pese a estar también obligado. La Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 17 que el organismo debe ofrecer a los ciudadanos “información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”.

Esta práctica está ya generalizada en muchos países europeos. Uno de los primeros en hacerlo fue Suecia, que empezó a enviar a los contribuyentes una carta naranja con esta estimación de la pensión.

En España, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se llegó hasta a contratar a una empresa para que hiciera el reparto de esas esquivas “cartas naranjas”. Sin embargo, al final no se enviaron, para evitar el desgaste político que suponía el reconocer que las pensiones futuras iban a ser peores a las actuales.

La industria de fondos lleva años reclamando a los sucesivos gobiernos que cumplan con la ley e informen a los ciudadanos sobre la pensión. Sin embargo, ha habido tantos cambios en la normativa de pensiones que sería difícil hacer unas proyecciones ajustadas.

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