Cómo gestionar los fondos europeos para rehabilitación

El sector necesita un modelo claro que permita generar eficiencias vía centralización de servicios y tecnología para aprovechar esta ocasión única

Cada vez son más los centros de estudios y analistas económicos que ponen el acento en la dudosa capacidad de las Administraciones para lograr una óptima ejecución de los fondos europeos. Y por tanto, junto con las tensiones inflacionarias, de producción y suministro, estas dudas representan recortes en las previsiones de crecimiento tanto para 2021 y, lo más importante ya, 2022.

Estos fondos no son para hacer cosas, sino para impulsar una transformación en los fundamentos de la organización productiva del país y favorecer la competitividad. No son former generation, ni siquiera present generation, son next generation. España no es uno de los mayores receptores de fondos por casualidad, sino por necesidad.

A medida que lentamente se van conociendo procedimientos de implementación, más se asientan las dudas. En el caso de las partidas para rehabilitación energética, los fondos, de repente, se han presentado tan profundos, tan fondos, que resultan inalcanzables sobre todo para las pequeñas empresas.

Lo que vamos a decir es hoy una herejía administrativa, pero la rehabilitación es un mercado que requiere la participación de los consumidores. Y un mercado de consumo, cuanto más dividido, más ineficiente. Sabemos que las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y así debe ser en materia de urbanismo, patrimonio, etc. Pero en materia de rehabilitación energética, que es una ciencia, la unidad de mercado generaría más capacidad de movilización de la demanda. Y abriría la posibilidad de integrar las pequeñas empresas en sistemas escalables de gestión de las ayudas, generando mayor seguridad para todos. No se trata de restar espacio a municipios ni a las comunidades autónomas, sino de centrar el protagonismo en la ciudadanía, a quien nos debemos orientar.

Tampoco hagamos oídos sordos al llamamiento que hizo la ministra Raquel Sánchez a los ayuntamientos y comunidades autónomas para adoptar “las medidas necesarias” en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios “alcancen sus objetivos deseados”. Objetivos de los que, al fin y al cabo, no solo va a depender el futuro del sector de la construcción y la reforma, sino el ritmo de recuperación económica de España. Trabajar todos a una, bajo un mismo marco efectivo de gestión, de modelo, de comunicación, sería el primer paso.

Por todo ello sería recomendable establecer un marco común de trasposición mediante la cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas, lo que a su vez facilitaría la llegada de los fondos europeos a comunidades de vecinos y particulares.

Este marco aceleraría la puesta en marcha de los proyectos, aliviaría la carga a los departamentos municipales de urbanismo y serviría como garantía para los técnicos que firman las obras. A corto plazo, la solución a nivel municipal pasa por generar permisos de obra a través de un modelo de declaración responsable. Y para evitar los riesgos que esto pudiera originar, podría ligarse su efectividad al cumplimiento del proyecto de rehabilitación de los requisitos para ser subvencionado, al margen de cumplir con las medidas de salud y seguridad.

Sea como fuese, si los diversos niveles de gestión administrativa no se adaptan ágilmente para gestionar esta oportunidad histórica, España perderá la posibilidad de transformar un sector hacia una actividad de mayor valor añadido, capaz de generar empleo, tirar del resto de la economía y modernizar un parque de viviendas obsoleto y depredador de energía.

Cada uno de los programas incluidos en el real decreto es independiente y tiene sus propios plazos, lo que impide la generalización. Así, cada convocatoria en un ámbito determinado tendrá sus requisitos de acceso. Y en este contexto, la burocracia representa una de las principales limitaciones para los fondos.

En resumidas cuentas, para canalizar los fondos de manera eficaz, necesitaríamos un modelo claro que permita generar eficiencias en gestión vía centralización de servicios y tecnología. Y a partir de aquí, la figura del agente de rehabilitación cobra especial protagonismo. Por ello, desde nuestra organización hemos postulado a las tiendas de materiales de construcción para esta misión, puesto que constituyen puntos de venta no masificados y cercanos a los ciudadanos, un punto de encuentro directo y personal, eliminando trabas administrativas, mejorando el acceso a la información y, en definitiva, aumentando la eficacia de las ayudas. Un modelo de éxito en Alemania que podría ser replicado en nuestro país porque los agentes de la cadena de valor de la construcción estamos concienciados de que cada uno debe sumar en su parcela.

Los propietarios y las comunidades de vecinos podrán solicitar por sí mismos las ayudas, presentando la documentación que se requiera en la convocatoria. Ahora bien, los agentes que proponemos constituirían una figura intermediaria entre las Administraciones y los usuarios de información y asesoramiento, pero también de solicitud y tramitación de los fondos. En este sentido, las empresas de reformas o las tiendas de materiales de construcción, por ejemplo, podrán ofrecer modelos llave en mano a los ciudadanos y, siempre que cuenten con los documentos en regla para actuar en nombre de los propietarios o comunidad de vecinos, realizar los trámites necesarios para solicitar las subvenciones.

Este plan ofrece una oportunidad única para reformar España. Y de esa(s) reforma(s) dependerá la recuperación económica y nuestro bienestar social. Pongámonos manos a la obra, no podemos permitirnos fallar ni dejar escapar este tren. De no subirnos ahora, tendremos que hacerlo irremediablemente a un coste mucho mayor, porque el parque de viviendas lo necesita de forma imperiosa.

Sebastián Molinero es Secretario general de Andimac