El acuerdo con la UE condiciona las ayudas a elevar el periodo de cómputo para calcular la pensión

El Ejecutivo cierra con la UE las condiciones de entrega de las ayudas europeas y publica el documento El pacto permitirá solicitar en los próximos días un primer pago de 10.000 millones tras el anticipo de 9.000 millones de verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.GTRES

El Gobierno ha hecho público este miércoles el acuerdo sellado con la Unión Europea que detalla la condicionalidad a la que está sujeto el desembolso de los 70.000 millones de euros en ayudas directas comunitarias que el país opta a recibir en los próximos años a cambio de impulsar una ambiciosa agenda de inversiones y reformas estructurales que permitan a España salir reforzada de las crisis del Covid-19. El pacto supone, por ejemplo, la exigencia europea de que se eleve el periodo de cómputo para calcular las pensiones españolas, situado durante 2021 en los 24 años, con el objetivo de llegar a los 25 años en el ejercicio próximo. El texto firmado con Bruselas, no obstante, descarta sugerir ningún tipo de cálculo o cifra.

El documento, suscrito por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, abre la puerta a que España pueda solicitar en los próximos días el primer pago oficial, de 10.000 millones de euros, tras el anticipo de 9.036 millones recibido en verano tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El texto fija, entre otros puntos, cómo se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión y cuáles serán los protocolos de intercambio de información para el seguimiento del cumplimiento de objetivos del Plan de Recuperación.

España, ha celebrado Hacienda en un comunicado, es el primer país de la UE que consensúa este documento con Bruselas, y opta así a ser también el primero en recibir el primer pago ligado a la consecución de los primeros 52 hitos fijados.

El documento publicado por el Ejecutivo, de 346 páginas, es el conocido como Acuerdo de Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Arrangemente, OA, en sus siglas en inglés). Se trata de un documento técnico que establece intercambios trimestrales de información entre Madrid y Bruselas, tanto presenciales como virtuales, para controlar los avances y decidir el calendario de pagos.

En paralelo a estas reuniones periódicas de revisión, podrán celebrarse reuniones específicas sobre determinadas inversiones, reformas o componentes del Plan de Recuperación. El texto establece que el progreso de la ejecución de los planes se incorporará al Semestre Europeo. Finalmente, la Comisión Europea y España celebrarán un evento anual con los responsables del plan y otros agentes interesados para debatir “la complementariedad, la sinergia, la coherencia y la cohesión entre la aplicación del Plan de Recuperación y otros programas de la Unión”.

El texto publicado incorpora dos anexos en los que se detalla cómo se verificará el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan y el progreso realizado. Es en este punto donde se detalla la condicionalidad de los desembolsos.

Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la reforma de pensiones. En el acuerdo firmado entre el Gobierno y Bruselas, el Ejecutivo comunitario exige para poder dar por cumplida la reforma 2 del componente 30 “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. De esta reforma, entre otras, depende el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios de 2023 y asciende a 10.000 millones de euros.

A día de hoy, el periodo de cálculo se sitúa en los 24 años, prorrogables hasta los 25 a partir de 2022. Esta reforma, señala el documento, deberá estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el cuarto trimestre de 2022, fecha en la que también tendrá que estar recogida la sustitución del factor de sostenibilidad por el intergeneracional o la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos.

Desde la reforma de las pensiones pactada en 2011 entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales, que estableció que la edad legal de jubilación pasaría de los 65 a los 67 años a partir de 2013, se ha ido agrandando el periodo de cómputo de la pensión. Desde entonces, el objetivo es llegar a los 25 años en 2022, una cifra que supone que, para el cálculo de la asignación, se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados por el trabajador.

Desde hace más de un año, el Gobierno trabaja en la reforma del cómputo de las pensiones. El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar progresivamente de 25 a 35 años cotizados el plazo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. La propuesta, que desató una fuerte polémica en el Ejecutivo de coalición, supondría en términos generales un recorte de las futuras pensiones iniciales, ya que lo más habitual es tener carreras laborales ascendentes con salarios más bajos al inicio y crecientes a medida que pasan los años. Por este motivo, cuanto más para atrás se vaya en los años cotizados, menos cotizaciones se tendrán en cuenta en el cálculo de una pensión que terminaría siendo más baja.