El cambio climático genera su propia cartera de inversión a corto y largo

La experiencia de España en la gestión y reparto de las ayudas públicas no puede considerarse especialmente modélica, sino que ha reflejado a lo largo del tiempo y en más de una ocasión disfunciones e ineficiencias que incluyen desde la infrautilización de los recursos, hasta su mal uso o su asignación vinculada a intereses políticos o particulares. En algunos casos, los problemas tienen que ver con la propia burocracia, y con duplicidades y solapamientos entre distintas administraciones. En el caso de los fondos europeos para la recuperación de la crisis del Covid-19 –72.700 millones en subsidios y transferencias a fondo perdido y 67.300 millones en préstamos–, a todas esas circunstancias hay que sumar la presión de un calendario exigente que está generando una natural preocupación en las empresas.

Esa es la situación que están viviendo las empresas del sector de rehabilitación de viviendas, pendientes de poder acceder a casi 5.000 millones de euros del Plan Next Generation destinados a la concesión de ayudas para reformas de inmuebles bajo criterios de trasnsición ecológica y a planes de sostenibilidad. Desde la patronal de promotores y las compañías del ramo se teme que el actual retraso en la concesión de licencias de obra en los municipios –cuyo plazo medio acumula más de 12 meses de demora y se ha visto agravado por la pandemia– se convierta en un cuello de botella capaz de estrangular el acceso a los fondos y de retrasar su utilización al menos un año. La solución que dan las compañías pasa por poner en manos de las comunidades autónomas la tarea de habilitar al denominado agente rehabilitador, la empresa encargada de los trámites de las ayudas y de coordinar las obras, mediante el uso de una declaración responsable. A la vista de los objetivos que se ha planteado el Gobierno –reformar alrededor de 100.000 viviendas al año hasta 2024, lo que supondría cuadriplicar las licencias obtenidas para reformas el pasado año– y el atasco en la tramitación de las licencias, los temores de los promotores y las empresas parecen justificados.

El Gobierno ha esgrimido hasta el momento un discurso triunfalista y grandilocuente respecto al acuerdo sobre los fondos Next Generation, al destacar su magnitud histórica y las indudables oportunidades que ofrece. Pero hay un elemento clave para determinar el éxito o el fracaso de las ayudas europeas para la recuperación, que es responsabilidad del Ejecutivo controlar, y que consiste en una gestión eficaz, rigurosa y al tiempo lo suficientemente ágil como para canalizar a tiempo el reparto de los fondos y asegurarse de que llegan a sus destinatarios naturales, que son las empresas.