Así daña la inflación los ahorros y salarios y encarece las pensiones

La escalada del IPC al 5,5%, su mayor cota desde 1992, rebaja el poder adquisitivo de los salarios y pone en riesgo el vigor de la recuperación económica El alza de la inflación amenaza con comerse 50.000 millones del ahorro familiar y encarecer las pensiones

Calle comercial.Efe (.)

El encarecimiento de los precios, espoleado por la subida del coste energético, se ha convertido en una arrolladora ola que amenaza la capacidad adquisitiva de los españoles, el valor de sus ahorros, parte de los fondos consignados para en el Presupuesto General de 2022 y el vigor mismo de la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.

La cesta de la compra de este mes de octubre ha sido un 5,5% más cara que la de hace justo un año, según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) anticipado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que subraya que este es el salto de mayor magnitud registrado desde 1992.

El INE destaca que “en este comportamiento destacan las subidas de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas, frente a los descensos registrados en octubre del año pasado”. En todo caso, el IPC está acelerando su velocidad de incremento, con un avance del 2% mensual que supone más que doblar el ritmo de incremento del 0,8% detectado en septiembre.

Es más, la cesta de la compra se está encareciendo incluso descontando los elementos más volátiles, como son los precios energéticos o de los alimentos no elaborado, como indica el IPC subyacente, que arroja una alza del 1,4% (frente al 1% del mes anterior). Aún así, la diferencia entre ambos indicadores es la más abultada desde 1986 lo que da idea del peso de la factura de la luz en el ascenso vertical de la inflación.

Impacto en el ahorro

A diferencia de otras cifras macroeconómicas, el impacto de estas es directo y notorio sobre el bolsillo de los españoles. Supone, por ejemplo, una relevante pérdida de valor de sus ahorros, que han alcanzado máximos históricos durante la pandemia por las cautelas adoptadas para afrontar la crisis y la imposibilidad de efectuar los hábitos de consumo tradicionales.

En concreto, los hogares españoles atesoraban 923.800 millones de euros en depósitos bancarios a cierre del mes de septiembre, según los registros del Banco de España. Pues bien, una inflación del 5,5% supone un menoscabo de unos 50.800 millones de euros en la capacidad adquisitiva real de dichos ahorros frente al valor efectivo que hubiera supuesto esa cifra una año antes. Incluso moderando el golpe al cálculo del IPC medio del año, en lugar del puntual de este mes, el ahorro de los españoles pierde unos 25.000 millones de su valor inicial.

Golpe a los salarios

De la misma forma, los sueldos españoles han perdido un importante poder de compra como consecuencia de la inflación. Así, tomando como referencia el incremento salarial pactado en convenio al cierre del mes de septiembre, del 1,46%, resulta que los 6,17 millones de trabajadores afectados han perdido más de cuatro puntos de capacidad de compra respecto al IPC de octubre.

Resulta, además, que solo el 17% de los convenios de este año incluyen las llamadas cláusulas de garantía salarial, con lo que apenas un millón de esos trabajadores tiene protegido su poder de compra frente a los avances del IPC. La situación puede ser aún más peliaguda para los cerca de 14 millones de ocupados no cubiertos por los convenios citados.

Freno a la recuperación

Los economistas y analistas de casas como Funcas o Fedea ya vienen advirtiendo en los últimos meses que un fuerte repunte de la inflación, por temporal que pueda resultar, tendrá como consecuencia una reducción del consumo en términos reales, que puede terminar frenando la velocidad de salida de la crisis del Covid-19.

La propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reconocía este miércoles que la escalada de los precios y los cuellos de botella que se están produciendo en las cadenas de producción pueden poner en riesgo el vigor de la recuperación económica.

Coste presupuestario

Por otra parte, el aparentemente imparable ascenso del IPC puede tener relevantes consecuencias sobre el margen de maniobra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que ha diseñado el Gobierno.

Existen, después de todo, una serie de costes indexados a la inflación que se comerán mayor parte de los fondos públicos cuanto mayor sea la cifra del IPC. El caso más claro, y preocupante, es el de las pensiones, dado que la reforma impulsada por el Ejecutivo y que aún tramita el Parlamento indexa su cuantía a la inflación.

Factura en pensiones

Los cálculos internos que maneja el Gobierno, según ha podido saber este diario, indican que el coste de revalorizar las pensiones ascenderá a 1.470 millones de euros por cada décima de incremento del IPC.

La revalorización, en todo caso, no se hará con el 5,5% de incremento interanual de octubre, sino con la media a 12 meses que se obtenga una vez publicado el dato definitivo del mes de noviembre.

De mantenerse en la senda vigente, dicho dato arrojaría una subida de unos 2,5 puntos. Como resultado, el Gobierno deberá destinar 3.675 millones de euros a actualizar la nómina de las pensiones del año 2022, incremento que además consolida de cara al pago de los años venideros.

Pero, más allá, el Gobierno tiene aún la obligación que marca el antiguo sistema de compensar a los pensionistas por la desviación del IPC bajo el que se actualizaron las prestaciones de este año para garantizar su poder adquisitivo. Como para 2021 ya se les ha incrementado la nómina un 0,9%, la subida del IPC podría obligarle a desembolsar la llamada “paguilla” por valor de 2.350 millones más. Es decir, un coste de más de 6.000 millones de euros.

Si la escalada de la inflación continúa, y el IPC medio de estos 12 meses acaba situándose en el entorno del 3%, el impacto de la revalorización rondaría ya los 4.500 millones de euros y el de la paguilla los 3.087 millones, arrojando una factura total de unos 7.500 millones.

Los funcionarios

Del lado de los funcionarios, para los que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha consignado una revalorización salarial del 2% (unos 2.900 millones de euros) con independencia del comportamiento del IPC, el problema estará en la pérdida de poder adquisitivo que sufran respecto a la inflación.

Los trabajadores de la administración pública ya están sufriendo en sus carnes, en todo caso, el avance de la inflación puesto que en 2021 sus sueldos solo han sido revalorizados un 0,9% sin que esté prevista en su caso una paga compensatoria. La diferencia con el coste de la vida del mes de octubre es de 4,5 puntos, mientras que para la media anual estimada estaría por encima de un punto porcentual.