Energía

Las eléctricas, obligadas desde mañana a detallar y hacer comparables sus ofertas

El decreto que introduce transparencia en el sector y suaviza el recorte a las eléctricas, entra mañana en vigor

Imagen de una factura de la luz.
Imagen de una factura de la luz.

La nueva normativa para el sector eléctrico, que suaviza en gran medida el tijeretazo aprobado por el Gobierno en septiembre, amplía la cobertura del bono social y fuerza nuevos mecanismos de transparencia en sector, será aplicable desde mañana. El texto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado; con formato de Real Decreto ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación, si bien deberá ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes.

 La norma introduce grandes dosis de transparencia en el sector, tanto de cara a la administración como de cara al cliente. Así las cosas, las comercializadoras deberán detallar “los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento” en sus ofertas de energía, obligando además a aplica estos criterios de transparencia en sus comunicaciones publicitarias.

Deberán indicar el precio aplicado tanto a la potencia como a la energía consumida, los periodos de vigencia de las ofertas temporales y los precios aplicados cuando concluyan, así como eventuales penalizaciones. “Toda esta información será facilitada a través de todos los medios de comunicación en los que se publiciten, y en todo caso en su página web, debiendo ser remitida también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según los criterios que establezca esta, con el fin de que estén a disposición todos los consumidores a través de su herramienta web Comparador de Ofertas de Energía".

Esta misma transparencia se aplicará también a los cambios de tarifa o modificaciones de contrato, que deben ser anunciadas con un mes de antelación (indicando el efecto sobre la tarifa de forma comparable) y permitirán a los consumidores rescindir sus contratos sin coste. Igualmente, estas obligaciones se aplicarán también a las empresas suministradoras de gas, cuyas ofertas, precios y condiciones podrán consultarse en el comparador de la CNMC.

De cara a la administración, las empresas deberán informar de todos los contratos de suministro o coberturas sobre precio que firmen las empresas, aunque se trate de operaciones intragrupo. También deberán conservar “durante al menos cinco años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine”.

Beneficios caídos del cielo

 El sector eléctrico se podrá liberar así de buena parte de la minoración de los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, los ingresos que reciben tecnologías cuya retribución se beneficia del coste del gas natural y el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, gracias a que el precio en el mercado mayorista es el mismo para todas las tecnologías, pero que no sufren los costes de estos dos suministros.

Este recorte, que el Gobierno calculó inicialmente en 2.600 millones de euros, se aplicaba a todas las instalaciones de generación que cobraran precios en el entorno del nivel marcado por el gas natural. El Gobierno retiró de la minoración la energía suministrada en virtud de contratos a largo plazo con terceros clientes. Con el texto publicado por el BOE; se libera de la minoración toda la energía sujeta a contratos, incluso aunque estos no sean de suministro sino de cobertura y se firmen con empresas comercializadoras del mismo grupo empresarial. La norma aplica para contratos previos a la entrada en vigor del decreto pero también a contratos firmados con al menos un año de duración.

El texto establece que está excluida de la minoración “aquella energía producida por las instalaciones de generación de energía eléctrica a que hace referencia el artículo 5 que se encuentre cubierta por algún instrumento de contratación a plazo cuya fecha de celebración sea anterior a la de la entrada en vigor del real decreto-ley, siempre que el precio de cobertura asociado a dichos instrumentos sea fijo” y también “aquella energía que se encuentre cubierta por algún instrumento de contratación a plazo que, habiéndose celebrado con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley, incluya un periodo de cobertura igual o superior a un año y su precio de cobertura sea fijo”.

La norma no detalla, por otro lado, niveles de precios, pero sí la obligación de que las empresas envíen una declaración responsable sobre los detalles de los contratos. Cuando éstos tengan parte fija y variable, resultará excluida únicamente la energía equivalente de la parte del contrato no indexada”.

En caso de los contratos que no estén vinculados a una instalación concreta, “se considerará como energía efectivamente cubierta la que resulte de prorratear la posición neta vendedora de la empresa o grupo empresarial correspondiente entre la potencia disponible de las instalaciones de las que es titular”.

Bono social

El texto, asimismo, establece una ampliación del bono social de la luz durante seis meses para los consumidores vulnerables y vulnerables severos. Para esos dos tipos de consumidores, el descuento en el PVPC pasará del 25% al 60%, en el primer caso, y del 40% al 70%, en el segundo. Se consideran vulnerables los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales (como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE).

Se establece también una ayuda directa para calefacción, cocina y agua caliente sanitaria (el llamado cheque térmico), que oscila entre los 25 y los 124 euros, dependiendo de la zona climática, y una media por usuario de 90 euros.

Disfrutan del bono social 1,2 millones de hogares. Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico. El nuevo cheque supondrá añadir 100 millones de euros adicionales al actual, con lo que la ayuda total asciende a 202,5 millones. En este caso, los fondos proceden de los Presupuestos del Estado, mientras que el coste del bono eléctrico lo asumen todas las comercializadoras. En el caso del vulnerable en riesgo de exclusión social, que no paga, hay una aportación de las comunidades autónomas, responsables de enviar el cheque térmico a quien corresponda.

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