La inseguridad jurídica en la vivienda perjudica a todas las partes

En una semana marcada por las fuertes tensiones exhibidas en el seno del Gobierno a cuenta de la reforma laboral, el Consejo de Ministros aprobó ayer una regulación también polémica –el anteproyecto de la Ley por el derecho a la Vivienda– tras meses de negociaciones y controversia. El texto, introducido en la agenda del Gobierno por Unidas Podemos como parte del acuerdo para apoyar los Presupuestos, tiene un carácter fuertemente intervencionista, aunque este haya quedado notablemente diluido al dejar la aplicación de la mayor parte de las disposiciones en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, las cuales podrán o no decidir incorporarlas. No en vano, una de las críticas que se pueden hacer al texto es que con el fin de resolver un problema que afecta a algunos municipios españoles –los altos precios de los alquileres– impone una regulación general dirigida en principio a todo el país.

Hay al menos dos grandes razones para sostener que la futura Ley de Vivienda no conseguirá sus objetivos de aumentar la oferta de alquiler y frenar la subida de los precios. La primera es que el intervencionismo en el mercado inmobiliario tiene efectos restrictivos sobre la oferta y efectos inflacionarios sobre las rentas, tal y como demuestran experiencias recientes, como la de Berlín, donde la limitación del precio de los alquileres para todas las viviendas construidas antes de 2014 ha tenido como resultado una caída del 60% en la oferta y un aumento de las rentas. La segunda razón es que las limitaciones al derecho de propiedad y a la libertad contractual que el texto establece, y el hecho de que buena parte de su ejecución dependa de ccomunidades autónomas y municipios, producirá un aumento exponencial de la inseguridad jurídica en el sector, con los consiguientes efectos negativos en la inversión. Así, entre las disfunciones que introducirá la norma, figura el hecho de que los propietarios de inmuebles situados en regiones que no apliquen la ley perderán la mitad de los beneficios fiscales que contempla. Se trata de un factor que agravará la percepción exterior de España como un reino de taifas fiscal, donde se pagan más o menos impuestos en función del lugar de residencia.

La nueva Ley de Vivienda parece un texto legislativo gestado bajo intereses de partido en lugar de un instrumento diseñado con criterios técnicos y de política económica. Si el objetivo es elevar la oferta de viviendas en alquiler, el fin que debe perseguir la normativa es aumentar la seguridad jurídica en el mercado, de forma que se protejan eficazmente los intereses de los inquilinos, pero también, y con la misma eficacia, se garanticen los derechos de los propietarios.