Un Gobierno capaz de impulsar una reforma laboral para la recuperación
La tarea del Gobierno pasa por consensuar un texto capaz de modificar lo que sea susceptible de mejora y de mantener lo que han permitido flexibilizar el mercado
El intenso tira y afloja político que han protagonizado estos días a cuenta de la reforma laboral la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, constituye una evidencia flagrante de la división que impera en la coalición de Gobierno en este tema. Las declaraciones de Díaz el sábado durante la clausura del 12 Congreso Confederal de CCOO, en las que aseguró de forma tajante que el Ejecutivo derogará el texto de 2012 “a pesar de todas aquellas personas que, esté donde estén, jamás han tenido la intención de alterar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha en nuestro país” constituyen un desafío no solo a Calviño, sino al propio Pedro Sánchez. Díaz, que fue aclamada con gritos de “presidenta, presidenta”, ha decidido pelear la derogación total de la reforma y la tutela de su negociación de forma pública y notoria. La respuesta de Sánchez ayer, en presencia del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se limitó a dejar claro que la reforma será negociada por todo el Gobierno, en evidente apoyo a la vicepresidenta primera frente a la segunda.
En términos de compromiso político, Díaz no hace más que esgrimir el contenido del acuerdo de coalición del Gobierno, firmado entre Unidas Podemos y el PSOE, y las reiteradas promesas de Sánchez de derogar la reforma del PP. En términos económicos, por el contrario, la ministra de Trabajo ha optado por dejar de lado toda consideración de esa naturaleza, así como a ignorar el hecho de que los fondos de recuperación comprometidos por Bruselas están supeditados a la aprobación de una reforma laboral que flexibilice el mercado, no que lo endurezca.
Además de la mala imagen que transmite un Gobierno que manifiesta públicamente sus tensiones, la gravedad del conflicto en torno a la reforma, que debe ser aprobada antes de fin de año, es que no se trata solo de una cuestión política, sino fundamentalmente económica. Tanto el Banco de España, por boca de su presidente, Pablo Hernández de Cos, como las empresas familiares, reunidas en congreso, defendieron ayer la eficacia con la que ha funcionado el texto de 2012. Cos abogó por mantener dos aspectos claves de este: la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial y las cláusulas descuelgue. La tarea del Gobierno pasa ahora por consensuar un texto capaz de modificar únicamente lo que sea susceptible de mejora y de mantener, por el contrario, los aspectos que han permitido flexibilizar el mercado. Para hacerlo es necesario aparcar las divisiones y los intereses de parte, y actuar como un Gobierno sólido y con una sola voz.