Infraestructuras

Transportes examirará las coberturas de las constructoras ante la crisis de los materiales

Mirará las condiciones de compra antes de acarrear con los sobrecostes y defiende que los seguros habrían reducido el impacto en las obras

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (derecha), junto a la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (derecha), junto a la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera.

Máxima disposición en el Gobierno para buscar mecanismos que eviten el atasco en la contratación pública por la inflación en las materias primas, pero el Ministerio de Transportes (Mitma) también va a exigir su parte al sector de la construcción.

Colectivos de la obra civil como Seopan, Anci y la patronal CNC llevan meses llamando la atención sobre el impacto en los contratos de obra por la escalada de precios de materiales básicos como el acero, aluminio, cobre, madera o productos bituminosos. Ante esta situación, motivada por la fuerte demanda de EE UU y China, la lenta reactivación de industrias productoras en países afectados por la pandemia o el encarecimiento de los fletes marítimos, las constructoras urgen medidas de reequilibrio y la restauración de la revisión de precios en los pliegos. Las posibles soluciones están en la mesa de negociación entre los ministerios de Transportes y de Hacienda, pero no parecen dispuestos a asumir hasta el último euro por los sobrecostes.

Fuentes del departamento que lidera Raquel Sánchez comentan que se va a examinar la diligencia de las constructoras para cubrirse de posibles fluctuaciones en el precio de los materiales. Adif comenzó en 2013 a puntuar en sus concursos a las empresas que renunciaban al reequilibrio por el alza en las materias primas, mientras que la Ley de Desindexación de 2015 hizo que la revisión de precios fuera retirada, de facto, de los contratos de obra pública. En ese contexto de desprotección, el ministerio de las infraestructuras va a comprobar si las contratistas adoptaron medidas como la contratación de seguros que blindaran los proyectos ante la volatilidad de los principales costes o la compra centralizada y anticipada de grandes volúmenes de materiales para evitar problemas a lo largo de la ejecución de las obras.

La patronal CNC ha reclamado al Gobierno la derogación de la Ley de Desindexación

Un alto cargo del Mitma explica que “no es de recibo que venga un constructor con un proyecto contratado hace tres años y pida el reequilibrio al Ministerio sin haberse cubierto de riesgo alguno en todo este periodo. Habrá que ver cómo han actuado”.

Distintas visiones

Pese a que las asociaciones de constructoras están haciendo piña en la presión al Gobierno, entre las grandes referencias del sector se afronta el problema de diversas maneras. En recientes comparecencias públicas se pudo apreciar las diferencias en los discursos de Pablo Colio, CEO de FCC, y Manuel Manrique, presidente de Sacyr. Donde el primero se refirió a la situación de indefensión de todo un sector por la falta del mecanismo de revisión de precios y el encarecimiento de los materiales (Foto Deloitte de Infraestructuras), el segundo aseguró que el impacto en los proyectos de su empresa es muy limitado. Manrique argumentó en el reciente Investor Day celebrado por Sacyr que la práctica de las compras centralizadas y en grandes volúmenes permite que la empresa pueda capear tanto la inflación como el desabastecimiento de materiales.

El viernes fue la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la que salió a la palestra reclamando soluciones al Ejecutivo. La patronal propone la derogación de la Ley de Desindexación, un mecanismo de reequilibrio automático en los costes de obra entre la adjudicación y el arranque de la misma, y la vuelta de la revisión de precios.

Las constructoras urgen la revisión de precios y mayores plazos de ejecución ante el parón de proyectos

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, aseguró en rueda de prensa que “no se trata de ganar dinero con la actualización de los precios sino de dotar de estabilidad a los contratos”.

Una encuesta elaborada por la propia CNC, con una muestra de 300 constructoras, determina que los costes de construcción se han encarecido durante el verano un 56% en carreteras; un 31% en actuaciones aeroportuarias; los proyectos portuarios son ahora un 19% más caros; los costes han aumentado un 28% en la infraestructura ferroviaria; hasta un 22% en la hidráulica, y un 23% en la construcción de viviendas.

Todo ello derivado de unos precios disparados: entre abril de 2020 y agosto de 2021 la factura del acero se ha catapultado un 105%, el aluminio se ha encarecido un 81%, el cobre lo ha hecho un 77%, la madera ha subido un 49%, y los precios del petróleo se han disparado un 188%. Esta senda inflacionista, sobre la que no se avista una relajación en el corto plazo, comienza a motivar la paralización de no pocas obras, advierte la CNC.

“Los contratos de suministro se revisan cada semana, mientras que los de obra no se están reequilibrando y están entrando en pérdidas”, explica un alto directivo de una constructora cotizada.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró el jueves ser consciente del grave problema coincidiendo con la inyección de fondos europeos al presupuesto inversor de su departamento para 2022, presupuestado en más de 16.200 millones. A buen seguro, el modificado de las obras en ejecución llegará, pero se producirá analizando contrato por contrato.

Unas patata caliente para el Gobierno

Soluciones a corto plazo. Más que en medidas estructurales para hacer frente a los sobrecostes en los contratos de obra pública, el Gobierno parece estar pensando en retoques normativos o en soluciones transitorias, como es la reactivación de claúsulas de salvaguarda (revisión de precios) en los proyectos licitados por Adif. Las soluciones, comentan fuentes cercanas a las negociaciones, llegarán antes de final de año.

Reclamaciones económicas. La CNC ha elaborado un modelo de reclamación de indemnizaciones para las constructoras por el desequilibrio en los presupuestos de las obras. Esas peticiones conllevan exámenes periciales y posibles denuncias ante la justicia. El presidente del colectivo, Pedro Fernández Alén, ha demandado flexibilidad a las Administraciones para evitar la judicialización de decenas de proyectos.

Insolvencia. Crédito y Caución ha detectado un aumento en las insolvencias en la construcción que afecta principalmente a micro y pequeñas empresas. Y se espera que esta tendencia al alza se mantenga. El aumento de los precios de los materiales de construcción añade presión, al igual que la escasez de mano de obra cualificada. La entidad maneja un escenario en el que el aumento de las quiebras en 2022 puede ser significativo, en función la evolución de las medidas de estímulo y la velocidad de desembolso de los fondos de la Unión Europea.

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