Más parches fiscales para un problema energético que puede no ser coyuntural

El Gobierno convalidó ayer en el Congreso el real decreto ley (RDL) que aprobó el pasado septiembre para tratar de poner coto al imparable rally de la factura de la luz, un paquete de medidas que contempla desde una rebaja del impuesto especial de la electricidad hasta el polémico recorte de los beneficios extra de las generadoras. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido suavizar finalmente esta última propuesta para aquellas compañías eléctricas que se comprometan a suministrar energía a las industrias a “precios razonables”. En palabras de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la idea es eximir del recorte a “quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas”. Además de optar por la zanahoria en lugar de por el palo como fórmula para lograr el objetivo de la norma, el Gobierno se ha asegurado así la convalidación del real decreto, tras el aviso del PNV –que se ha abstenido en la votación– en la sesión de control del pasado miércoles de que no solo estaba en juego el futuro de la economía, sino el del propio Gobierno.

Aunque Ribera ha garantizado a las generadoras que los recortes serán temporales, la explicación que dio ayer sobre la decisión de suavizarlos fue esencialmente aritmética, al reconocer que las previsiones realizadas cuando se aprobó el real decreto ley se han quedado desfasadas, lo que obliga a revisarlas y adaptarlas. Aunque el Gobierno calculó una recaudación por los recortes de los beneficios extra de las eléctricas de 2.600 millones de euros en seis meses, cuando se superan los 100 euros/Mh en el precio del gas –algo que ha ocurrido en algunas jornadas– la cantidad se duplica. Así, el real decreto será completado a lo largo de las próximas semanas con “medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales”, así como con otras no especificadas y dirigidas a los hogares acogidos al bono social.

Pese al esforzado trabajo a la hora de buscar fórmulas que permitan neutralizar el desbocado coste de la energía, las medidas previstas por el Gobierno no dejan de ser parches temporales para un problema que amenaza con convertirse en estructural, dado que está fuertemente ligado al elevado coste de la estrategia europea de descarbonización, entre otros factores. Una vez que Bruselas ha descartado una reforma del mercado mayorista de la energía, las herramientas que restan a los gobiernos se reducen a la política fiscal y a seguir buscando soluciones realistas a corto y medio plazo. Pero también a evitar promesas demagógicas, como la de que los españoles pagarán este año por la electricidad lo mismo que en 2018.