Mantener el poder de compra de los pensionistas costará más de 7.000 millones de euros
La 'paguilla' para compensar el repunte del IPC supondrá 3.800 millones una vez consolidada y la nueva fórmula de revalorización requerirá más de 3.200 millones
Mantener el poder adquisitivo de casi nueve millones de pensionistas. Este es el mantra repetido una y otra vez desde el Gobierno. En 2022, “por fin”, –según dijo ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá– los Presupuestos Generales del Estado incluirán una nueva fórmula de revalorización de las pensiones conforme al IPC pasado para lograr ese mantenimiento del poder de compra de casi nueve millones de pensionistas que reciben cerca de 10 millones de pensiones (alrededor de un millón de ellos cobran dos prestaciones).
Pero antes de que esa fórmula se aplique para 2022, el Gobierno prevé mantener también el poder adquisitivo de este colectivo compensando en sus nóminas el fuerte repunte que han experimentado los precios este año. Así, tras el aumento del 0,9% que registraron las mayoría de las pensiones en 2021, ahora los pensionistas recibirán, previsiblemente en enero, una paga compensatoria –conocida coloquialmente como paguilla– que supondrá un nuevo incremento de las prestaciones de alrededor del 1,3%.
Escrivá detalló ayer que esta actualización de las pensiones costará aproximadamente 1.900 millones de euros, que se computarán en términos de déficit al ejercicio 2021, aunque se abonen el próximo año. Si bien el coste de la revalorización no termina aquí, ya esta cantidad se consolidará en la nómina de las pensiones de forma que las futuras subidas se hagan sobre las pensiones incrementadas en esta cuantía. De forma que el coste se multiplica por dos hasta los 3.800 millones de euros.
A esta cantidad, habrá que añadir el próximo incremento de las prestaciones en 2022 con la nueva fórmula que determina el incremento según el promedio del IPC de noviembre de 2021 sobre noviembre de 2020. A falta de conocerse ese dato de inflación, el Gobierno ha diseñado el Presupuesto del próximo año estimando un alza de alrededor del 2,25%, señaló ayer Escrivá. Teniendo en cuenta que cada décima de incremento de la nómina de las pensiones cuesta en torno a los 146 millones de euros, dicha revalorización para el próximo ejercicio costará algo más de 3.200 millones de euros. Sumando estas cifras se obtiene que el coste total de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en España en medio de este repunte inflacionista tendrá un coste superior a los 7.000 millones de euros.
Tras aplicar estos aumentos previstos, la pensión máxima del próximo año tras la actualización y la revalorización rondaría los 39.342 euros anuales. Mientras que la mínima de jubilación con cónyuge a cargo se situaría en unos 12.430 euros al año; y sin cónyuge a cargo, 10.074. Por su parte la pensión mínima de viudedad ascendería a unos 11.655 euros anuales, según las estimaciones elaboradas por este periódico.
Pese este sobrecoste, el titular de la Seguridad Social, que explicó ayer los presupuestos de su departamento para 2022, aseguró que la recuperación económica propiciará que 2021 termine con unos ingresos por cotizaciones sociales –que pagan empresas y trabajadores– de 127.300 millones de euros. Esta cantidad es superior en 3.100 millones a lo que recaudó la Seguridad Social en 2019, justo antes de la pandemia. Es más, Escrivá calcula que la recuperación del empleo y los salarios, junto al aumento de las bases máximas de cotización un 1,7% y lo que suban las bases mínimas (que lo harán lo mismo que el salario mínimo en una cuantía aún desconocida) generarán unos ingresos récord de 136.300 millones de euros, un 7,5% más que la previsión de liquidación de 2021. Si bien la subida de ingresos respecto al presupuesto base del año pasado se eleva aún más, al 9%.
Esta mejora de los ingresos y el aumento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social hasta los 36.276 millones en 2022 permitirá, según los optimistas planes de Escrivá, reducir el déficit del sistema desde los cerca de 18.000 millones en 2021 (1,6% del PIB) a solo 5.000 millones el próximo año (0,5% del PIB) y cerrar sin déficit 2023.
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