El Gobierno prevé bonificar la contratación de más de 677.000 personas el próximo año
En 2022 destinarán 22.093 millones al pago de las prestaciones y subsidios por desempleo, 2.568 millones menos que en 2021 por la mejora de la economía
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 presentados incluyen una partida de 7.648 millones de euros para el fomento del empleo, un 3,3% más, incluyendo los 812 millones de euros que se destinarán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para este concepto.
En la parte de esta política que no se financia con fondos europeos hay dos grandes bloques: las actuaciones de incentivación a la contratación, con una dotación de 3.594 millones, y la formación profesional para el empleo, con 3.121 millones.
En la parte relativa a fomentar la contratación laboral se destinarán 1.797 millones a bonificaciones directas a los empresarios por determinados contratos. En concreto, con este dinero el Gobierno prevé que se bonifique la contratación de un total de 677.692 personas. Estas bonificaciones primarán la contratación de los siguientes colectivos: jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, aquellos en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.
Según el desglose del Presupuesto el mayor número de bonificaciones lo recibirán los autónomos a los que se prevé bonificar por 316.800 contratos que hagan a asalariados; se estima también costear parte de 108.900 contratos de interinidad para sustituir a trabajadores de baja por maternidad y otros 108.900 bonificaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo; y otros 93.060 contratos temporales a personas con discapacidad y se espera bonificar también 15.840 conversiones de contratos temporales en indefinidos.
La otra cara de la política de empleo es la partida destinada a las prestaciones y ayudas a los trabajadores en paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contará en 2022 con un presupuesto de 29.121 millones de euros.
De esta cantidad, 22.093 millones irán al pago de las prestaciones y subsidios por desempleo, 2.568 millones menos que en el presupuesto de 2021. Este recorte obedece “a la menor necesidad de protección de los trabajadores como consecuencia de la reactivación económica, tras la crisis del Covid-19”, explica el texto presupuestario.