El Gobierno afronta su semana clave para consensuar los Presupuestos con el foco puesto en el alquiler
Con un principio de acuerdo en Sociedades, los dos socios siguen muy alejados en materia de vivienda
La negociación presupuestaria que mantienen los dos socios de Gobierno desde hace meses encara esta semana su sprint final con el foco puesto en la regulación de los alquileres y en el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. El proyecto de cuentas públicas para el año 2022, que canalizará buena parte de los fondos europeos que España tiene comprometidos para el ejercicio, está prácticamente consensuado a falta de cerrar las conversaciones que PSOE y Unidas Podemos mantienen en torno a la vivienda -el punto más espinoso de las negociaciones- y a la fiscalidad de las grandes empresas, donde parece que hay más en común.
La regulación de los alquileres y el tipo de fórmulas a adoptar para frenar las subidas abusivas del precio de las rentas, un aspecto que se incluirá en la futura ley de vivienda, sigue dividiendo a los dos socios del Ejecutivo por partida doble. Por un lado, Unidas Podemos quiere establecer topes máximos a los precios en las zonas tensionadas, además de vincular esta medida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por el otro, el PSOE prefiere optar por otros mecanismos de contención a la par que rechaza de lleno ligar la vivienda a las cuentas públicas. El socio mayoritario del Ejecutivo, por ejemplo, defiende la utilización de las bonificaciones fiscales a los propietarios para que se animen a incluir sus inmuebles en el mercado asequible del alquiler, una medida rechazada de lleno por la otra parte del Ejecutivo.
En esta línea, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien capitanea las negociaciones en el asunto de la vivienda por parte de la formación morada, ha insistido este fin de semana en que el acuerdo presupuestario está condicionado a un pacto en vivienda. En un mensaje en la red social Twitter, Belarra aseguró que "va a haber acuerdo de Presupuestos para 2022, pero para ello es indispensable un acuerdo en materia de vivienda que, además, sea bueno para la mayoría de españoles y españolas".
En paralelo, aunque sin mencionar la negociación presupuestaria, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijo el sábado que los jóvenes españoles, en un 55%, no son capaces de emanciparse hasta haber alcanzado los 29 años, lo que quiere decir que "la vivienda es un problema sustancial para el país y que no puede haber recuperación justa sin abordar este problema".
Los dos socios disponen todavía de varios días para llegar a un acuerdo. La legislación establece –si bien los Ejecutivos vienen tomándolo como una mera recomendación– que el Gobierno debe remitir al Parlamento el proyecto de ley de PGE para el año siguiente a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio en curso. Aunque el calendario volverá a incumplirse, el objetivo de la coalición es llevar el proyecto de cuentas públicas a uno de los dos próximos consejos de ministros, previsiblemente el del lunes 11 de octubre (el martes 12 es festivo).
La parte fiscal, centrada en el impuesto de sociedades, ha ido despejándose con el paso de las semanas. Si bien el ala socialista del Gobierno era más reticente a incluir una tasa mínima del 15%, el escollo parece haberse superado ya. En una entrevista con el Financial Times publicada este fin de semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la tasa se incluiría en las cuentas públicas de este año o que, a más tardar, se adoptaría en el mes de febrero, una vez publicadas las conclusiones del grupo de expertos reunido para dar ideas para la futura reforma fiscal.
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