El socialista Antonio Miguel Carmona será nuevo vicepresidente de Iberdrola España
La compañía afronta una investigación en Francia por la adjudicación de una planta eólica
El socialista Antonio Miguel Carmona se convertirá en vicepresidente de Iberdrola España, compañía presidida por Francisco Córcoles.
Carmona, profesor de Economía y con una dilatada trayectoria política tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, será nombrado en los próximos días vicepresidente de Iberdrola España, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento.
El que será nuevo vicepresidente de la compañía en España fue elegido diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid en dos etapas: entre junio de 1999 y diciembre de 2002, y entre junio de 2011 y junio de 2015.
Posteriormente, fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015, permaneciendo cuatro años como edil en el consistorio presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena.
Doctor en Ciencias Económicas especializado en crecimiento económico y nuevas tecnologías, Carmona comenzó su andadura profesional dando clases en la Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor en la Universidad CEU San Pablo. En este momento, el economista no ocupa ningún cargo dentro del PSOE.
Investigación en Francia
Al mismo tiempo, Iberdrola afronta una investigación en Francia por un proyecto de eólica marina en la Betraña, según ha publicado la agencia AP. Las pesquisas se centran en la adjudicación en 2012 de un parque por Ailes Marines, una filial de la eléctrica española, y parte de una denuncia presentada por un lobby pesquero de la zona.
Según la denuncia de este grupo, la filial de Iberdrola fue elegida para construir este proyecto, que entrará en funcionamiento en 2023 y será la cuarta instalación de este tipo de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, directamente por los Ministerios de Ecología e Industria. Mientras, la Comisión de la Regulación de la Energía optaba por un proceso cometitivo. De acuerdo a los abogados denunciantes, la adjudicación fue declarada irregular en 2019 por un tribunal francés.