Energía

El Gobierno lanza una consulta para una posible reforma del sistema de precios de la luz

Plantea como opciones mantener el actual PVPC para quien lo desee; otro ligado a precios a plazo, a productos energéticos o un mix.

La vicepresdenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La vicepresdenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Después de dos grandes paquetes de medidas de choque para compensar la escalada de precios de la electricidad, centrados en un recorte de los impuestos que gravan la factura de la luz y en una minoración de los ingresos de las grandes eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dado el primer paso para reformar el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Un mecanismo al que se pueden acoger los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW (están en él 10,7 millones de usuarios) cuya modificación parecía estar aparcada.

Casi por sorpresa, el departamento que dirige Teresa Ribera, lanzó el viernes “una consulta pública previa relativa a la modificación del PVPC” cuyo plazo para responder termina el 22 de octubre. Tras explicar un sistema que se aprobó el 28 de marzo de 2014 a en un real decreto, el ministerio pregunta a los ciudadanos “si consideran necesario reformular la estructura y/o metodología de cálculo del PVPC. Un cambio que se plantea “con objeto de reducir la volatilidad de un precio que juega un papel fundamental en las economías domésticas, con especial incidencia en los colectivos vulnerables”. Además, influye finalmente en los precios liberalizados y la volatilidad irá en aumento a medida que el peso de las renovables sea mayor.

En caso de que el encuestado sea partidario de reformar un precio indexado directamente al mercado mayorista de la electricidad, que el viernes alcanzó los 216 euros/MWh, frente a una media de 33 euros/MWh el año pasado, el ministerio pregunta a los encuestados qué estructura considera la más adecuada para el PVPC: una ligada a los mercados a plazo, con precios más elevados pero fijos durante periodos cerrados, u otra similar a la actual sometida a los vaivenes de los mercados diarios, que puede beneficiar en los momentos de cotizaciones bajas. Sería algo así como tener una hipoteca con interés fijo (más alto pero cerrado) variable (más arriesgada pero más barata en el largo plazo) o un mix entre ambas.

En este sentido, el ministerio pregunta si el PVPC debería tener en cuenta señales de precios de los mercados a plazo, qué tipo de contratos y plazos serían más acertados y si sería conveniente mantener una cierta exposición al mercado spot y en qué proporción. También pregunta sobre la posibilidad de utilizar una cesta de precios de distintos productos energéticos a plazo, qué tipo de productos y con qué periodicidad. Otra de las opciones es dejar el actual mecanismo indexado al mercado spot para los consumidores que así lo deseen. Por último, pregunta cómo debería articularse el periodo transitorio entre el actual y el futuro PVPC.

Fuentes del sector señalan que en un mercado a plazo “hay uno que gana y otro que pierde” y que con un sistema de precios fijos en un periodo determinado (trimestral, semestral..) hace imposible la gestión de la demanda o el incentivo a ahorrar energía en los actuales tramos horarios. De hecho, la Directiva de Energía de la UE recomienda un precio regulado volátil para incentivar dicho ahorro.

El PVPC, indexado al pool que negocia Omie, incluye los costes de producción de la energía, los peajes de acceso (el coste por el uso de las redes, cuya regulación depende de la CNM) y cargos (otros costes de la factura ajenos al sistema eléctrico, cuya competencia es del ministerio) y el margen de beneficio que reciben las ocho comercializadoras reguladas o de referencia que suministran por ley a este mercado. Se trata, esencialmente, de filiales de las cinco grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

La consulta no es vinculante para el Gobierno que podría abordar la reforma en un Real Decreto que modificase el de 2014 en el momento en que lo desee, y que sometería a una nueva audiencia pública.

El texto de la convocatoria, que puede consultar aquí.

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