La detención de Puigdemont en Italia tensa la negociación catalana y de Presupuestos
El político soberanista queda en libertad y tendrá que comparecer el 4 de octubre Sánchez pide que responda ante la justicia y pone en valor el diálogo
La justicia italiana dejó el viernes por la tarde en libertad al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, interceptado el jueves por la noche en Cerdeña por la policía del país transalpino debido a la orden de detención que sobre él pesaba. El líder independentista queda así a la espera de que la justicia italiana decida sobre la validez de la euroorden dictada sobre él, y tendrá que volver a comparecer de nuevo ante el tribunal el próximo día 4 de octubre, cuando se celebrará la vista para valorar la demanda para su entrega a España. Hasta entonces, Puigdemont podrá salir de la isla sin ningún impedimento.
En paralelo, también el viernes, el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, envió un documento al representante español en Eurojust para que haga llegar a las autoridades judiciales italianas la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 contra el político soberanista por sedición y malversación.
Más allá del largo tira y afloja entre Puigdemont y la justicia española, en el que ahora se ha visto envuelta la magistratura italiana, la detención exprés del líder independentista ha removido las aguas de la mesa de negociación catalana, poniendo también en riesgo las conversaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, para los que los apoyos de Junts y, sobre todo, ERC, parecen imprescindibles habida cuenta del escaso apoyo parlamentario con el que cuenta el Ejecutivo de coalición, al igual que ya sucedió con las últimas cuentas públicas.
Aunque la puesta en libertad de Puigdemont ha logrado apaciguar momentáneamente la situación, la mesa de diálogo puesta en marcha entre Madrid y Barcelona corre el riesgo de quedar en entredicho para buena parte del electorado catalán, que podría llegar a cuestionar que la vía del diálogo –la elegida por el Govern en el que ERC tiene mayoría– es la que funciona. Hace unas semanas, el desmarque de los representantes de Junts de la última reunión entre Madrid y Barcelona dejó ver que, al menos en la práctica, el diálogo es por ahora cosa de dos: el Gobierno central de coalición y los representantes de ERC.
Efectos en los PGE
El revuelo generado también tiene su réplica en las negociaciones para sacar adelante los PGE, que deberían ver la luz el próximo mes de octubre según avanzó esta semana el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró el viernes que “Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia”. Con todo, y ante las dudas de los efectos que este nuevo movimiento puede acarrear en las negociaciones de las cuentas públicas, ya de por sí complicadas debido a las fuertes diferencias entre los dos socios de Gobierno en asuntos como la fiscalidad o la vivienda, Sánchez quiso poner en valor el diálogo entre Madrid y Barcelona. “Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo. Hoy, si cabe, el diálogo es más necesario. Lo fue hace diez años, lo fue en 2017, lo es hoy y lo seguirá siendo en el futuro”, dijo el presidente.
Entresijo jurídico
La Corte italiana tendrá que resolver entre la interpretación del instructor del procés, Pablo Llarena, y la del abogado del expresidente, Gonzalo Boye, que sostiene que su detención es ilegal porque esa euroorden está suspendida en tanto no haya una decisión del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario.
Llarena trasladó una cuestión prejudicial al TJUE en el momento en que el Parlamento Europeo le retiró la inmunidad para saber cuál era el alcance de las euroórdenes dictadas contra Puigdemont a partir de ese momento y que quedaran claras las condiciones de una posible extradición. Esta consulta fue admitida a trámite, pero no se ha resuelto aún.
En paralelo, Puigdemont recurrió la retirada de la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que confirmó la retirada el pasado 30 de julio, pero la decisión se basaba en el hecho de que, aunque no gozara de inmunidad, las órdenes de detención estarían suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta del juez español.
La defensa de Puigdemont está preparando un escrito que presentará ante la justicia europea en la que va a solicitar la aplicación de medidas cautelarísimas para evitar que la euroorden pueda ser ejecutada.