Un plan que alivia el problema de la factura de la luz, pero no lo resuelve
Las medidas del Gobierno supondrán un alivio transitorio para el bolsillo de los consumidores, pero no dejan de ser otro conjunto de propuestas parciales
El segundo plan de choque anunciado ayer por el Gobierno para tratar de poner coto al insoportable rally de la factura de la luz se compone de una serie de medidas, parte de ellas transitorias, que incluyen desde una rebaja del impuesto especial de la electricidad hasta un recorte de los beneficios extra de las generadoras mediante un mecanismo que permitirá al sistema eléctrico recuperar 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022. El plan rebajará en un 90% el impuesto especial de la electricidad y prorrogará la suspensión del impuesto de generación eléctrica, pero también supondrá un polémico hachazo para las generadoras y limitará la tarifa regulada del gas. Según el Gobierno, la estrategia reducirá la factura para el consumidor medio un 22% hasta final de año.
Algunas de las medidas adoptadas tienen carácter claramente temporal, como los recortes fiscales o la fijación de un límite a la subida de la tarifa del gas para los dos próximos trimestres. Esta última es una propuesta novedosa y que no implica una intervención en los precios, pero que generará un déficit de tarifa en el gas cuyo coste acabará trasladándose, de forma diferida y con intereses, al bolsillo de los consumidores. Otras propuestas, por el contrario, tienen carácter de mayor permanencia, como las subastas de parte de la energía nuclear e hidráulica a los llamados operadores dominantes, cuyo resultado es difícil de valorar, así como el recorte del beneficio extra que obtienen las tecnologías inframarginales no emisoras de CO2 (nuclear, hidráulica y las renovables que venden en el pool) por la subida del gas como energía que marca el precio marginal final en el mercado. Esta última medida ya ha despertado una fuerte reacción entre las empresas afectadas, que incluye la amenaza de cierre por parte de las centrales nucleares, por lo que supone de cambio unilateral de las reglas del juego, alteración de su retribución e inseguridad jurídica para el sector.
El plan que ha aprobado el Gobierno supondrá un alivio transitorio para el bolsillo de los consumidores, pero no deja de ser otro conjunto de medidas parciales diseñadas para atajar un problema altamente complejo y en el que coexisten elementos geoeconómicos de muy difícil control, como los elevados costes del proceso de descarbonización de la economía europea y el vertiginoso encarecimiento del gas, con otros que requieren de una reforma de mayor profundidad. Abordar la prometida vuelta de tuerca a la tarifa PVPC, que de momento el Gobierno ha dejado aparcada, y trabajar activamente para impulsar una reforma del sistema de fijación de precios de la energía es básico para rediseñar el mercado marginalista de la electricidad y avanzar hacia un modelo más simple, estable y eficaz.