Avances y desafíos de EE UU en un clima de polarización política

Aunque los demócratas controlan la Casa Blanca, sus mayorías en el Congreso son mínimas, y Afganistán ha pasado factura al presidente

Estados Unidos se enfrenta a retos económicos, sociales, tecnológicos y al Covid-19 en un clima de profunda división política. Aunque los Demócratas controlan la Casa Blanca, sus mayorías en el Congreso son mínimas. Necesitan el voto de la vicepresidenta para deshacer el empate a cincuenta en el Senado y en la Cámara de Representantes su mayoría de ocho congresistas es la más escueta que disfrutan sobre los republicanos desde el siglo XIX.

Dos senadores demócratas se han opuesto de forma sistemática a los proyectos de ley del presidente Joe Biden con mayor volumen de gasto. Biden tiene que recurrir a órdenes ejecutivas que son recurridas en los tribunales. La Casa Blanca sí consiguió que el Congreso aprobara en marzo (solamente con votos demócratas) un paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares. El American Rescue Plan contiene 350.000 millones para las maltrechas arcas de los estados y municipios, 20.000 millones para fomentar la vacunación contra el Covid-19 y prorrogó hasta septiembre la subvención federal de desempleo semanal de 300 dólares que se suma a las que conceden los estados. Los republicanos argumentaron que la economía de EEUU ya crece a buen ritmo y no necesita numerosas medidas incluidas en el paquete, tales como ayudas para el pago de alquileres y de hipotecas y desgravaciones fiscales para la adquisición de programas de cobertura médica.

Desde un punto de vista macroeconómico, los republicanos tienen razón. El PIB ha aumentado un 6,5% a ritmo anual en el segundo trimestre después de un alza de 6,3% en el primero. El desempleo descendió al 5,2% en agosto y en 2021 el promedio de generación mensual de empleo alcanza 585.000. Dichas cifras se deben a la reapertura de empresas y comercios y al incremento sustancial del consumo. Aunque el American Rescue Plan ha contribuido a dichas tendencias positivas, los republicanos lo responsabilizan del repunte notable de la inflación y de desincentivar el trabajo. La tasa de inflación se ha disparado del 1,4% en enero al 5,4% en julio, su nivel más elevado en trece años. La tasa de participación laboral se mantiene estancada en el 61%, y el ratio de personas empleadas sobre la población total es del 58%. Sumando los dos paquetes de estímulo pactados entre el presidente Donald Trump y el Congreso en 2020 y el American Rescue Plan, se han añadido 4,9 billones de dólares a la deuda nacional.

El ascenso de la inflación y la deuda nacional y la concesión de ayudas sociales excesivamente generosas han reforzado la oposición de los republicanos al resto de la agenda legislativa de la Casa Blanca. Sin embargo, diecinueve senadores republicanos respaldaron a principios de agosto el proyecto de ley de renovación de infraestructuras de 1 billón de dólares. Aporta financiación adicional a la ya prevista por el Congreso por valor de 550.000 millones durante los próximos ocho años. La reparación de carreteras y puentes (110.000 millones), inversiones en la red eléctrica (73.000 millones) y transporte ferroviario (66.000 millones) son sus partidas más destacadas.

Pero el ala progresista del partido Demócrata ha complicado la ratificación final de dicho proyecto forzando la aprobación en la Cámara de Representantes a finales de agosto de un paquete de 3,5 billones. Dicho proyecto financiaría, además de las reseñadas inversiones en infraestructuras de transporte y energía, una expansión del programa de cobertura médica para los jubilados (Medicare), el carácter universal de bajas remuneradas por paternidad y maternidad, la escolaridad desde el parvulario hasta la universidad y la adopción de energías verdes. Se financiaría elevando el impuesto sobre la renta para los que ingresan más de 400.000 dólares anuales y el de sociedades del 21% al 28%.

Los republicanos y nueve congresistas demócratas rechazan la adopción de un estado del bienestar tan amplio. Por ello, se tuvo que prometer a los nueve demócratas que el 27 de septiembre se votaría sobre el paquete más modesto de 1 billón. Estos equilibrios parlamentarios se complicarán por la necesidad de lograr un consenso para subir el techo de gasto antes del 1 de octubre.

Biden ha sufrido varios reveses en agosto. La evacuación caótica y dictada por los talibanes de las fuerzas militares y civiles en Afganistán ha propiciado un caída de su índice de aprobación al 43%, el más bajo de su mandato. El Tribunal Supremo ha restablecido la política de Trump que exige la permanencia en México de los centroamericanos que solicitan asilo en EEUU y puesto fin a la prohibición de desahucios. Numerosos gobernadores y asambleas legislativas republicanas rechazan una tercera inyección y la utilización de la mascarilla en actos públicos celebrados en exteriores. El porcentaje de la población plenamente vacunada se ha estancado en 52%, mientras diversos países europeos superan el 60% e incluso el 70%.

Pero la Casa Blanca ignora al sector turístico y asociaciones empresariales y mantiene la prohibición de volar a EEUU por parte de ciudadanos de la UE. Biden ha decretado la obligatoriedad de vacunarse para la mayoría de empleados del gobierno federal y los trabajadores de compañías con más de cien empleados, medida que también se recurrirá ante los tribunales.

La percepción de competencia en la distribución de la vacuna durante la primavera se está disipando. Se prevén 100.000 muertes por Covid-19 hasta finales de año. Entre la cumbre del G20 a finales de octubre y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP 26) se puede avanzar respecto al impuesto global del 15% a las multinacionales y la lucha contra el cambio climático. Biden reivindica que sus paquetes de inversión pública en infraestructuras y ayudas sociales permitirán a EEUU competir con China en sectores tecnológicos punta y liderar la revolución verde. Pero a catorce meses de las elecciones legislativas que seguramente les devolverán la mayoría en ambas cámaras, los republicanos rechazan sus iniciativas y apuestan por un protagonismo del sector privado.

Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School