Una solución eficaz para devolver a la actividad a los trabajadores en ERTE

Consolidar el instrumento tendría un alto coste, es difícilmente financiable con fondos europeos y no resuelve un problema cuya respuesta es el empleo

Si al principio de la pandemia del Covid-19, la urgente necesidad de evitar una destrucción masiva de empleo situó a los ERTE como un instrumento clave de política económica, el inicio de la recuperación ha puesto sobre la mesa la cuestión de cómo retirar progresivamente ese apoyo y facilitar la vuelta a la actividad laboral de las personas que permanecen en esa situación. Buena parte de la tarea ha sido realizada ya por el propio deshielo de la actividad económica, y fuertemente acelerada por la llegada de la temporada estival. Las últimas cifras muestran que el número de personas en ERTE ha pasado de 542.000 antes del verano a 272.000 actualmente. Sin embargo, el análisis no puede realizarse únicamente bajo un enfoque cuantitativo, sino también cualitativo, dado que algo más de un tercio de esos trabajadores que continúan en ERTE, casi 96.000, son de difícil recuperación, porque se encuentran en modalidades que no cuentan con ningún tipo de exoneración a la Seguridad Social. Los datos señalan también que hay más de 188.000 profesionales acogidos a ERTE de suspensión total de la actividad, lo que apunta a que parte de ellos probablemente prestan servicios en las denominadas empresas zombi.

Como señaló el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, buena parte del problema se debe a que hay muchos trabajadores que forman parte de empresas que ya contaban con debilidades antes de la pandemia y que probablemente necesitarán de algún tipo de reestructuración para salir adelante. Escrivá ha reconocido que la crisis dejará puestos de trabajo no recuperables, ya sea por falta de demanda, por cambio de hábitos o por la aparición de medios de producción que han dejado determinados puestos obsoletos. Pese a ello, a día de hoy, solo hay ocho áreas de actividad que mantienen a más del 5% de su plantilla en ERTE, como el transporte marítimo, las agencias de viajes o el sector aéreo, entre otros.

El inicio de las negociaciones para aprobar una nueva prórroga de los ERTE esta semana es una ocasión para recordar la necesidad de estudiar medidas que permitan reducir en lo posible ese núcleo duro de trabajadores que continúan amparados por expedientes temporales de empleo, una estrategia en la que la formación debe ocupar un lugar destacado. El Gobierno ha manifestado su intención de estudiar la consolidación de los ERTE y convertirlos en un instrumento estructural más allá del contexto extraordinario de la crisis. Pero se trata de una solución compleja, con un elevado coste para los recursos públicos, difícilmente financiable con fondos europeos y que no resuelve un problema cuya verdadera solución es el empleo.