Naturgy presiona a Iberdrola y a Endesa con una tarifa fija a 60 euros el MWh
El presidente del Gobierno avanza "nuevos amortiguadores" sociales para proteger a los consumidores
Naturgy lanza una ofensiva comercial con una tarifa liberizada que asegura un precio de pool de 60 euros el megavatio hora (MWh) durante los dos próximos años, que podrán contratar tanto sus once millones de clientes actuales como nuevos.
"Nuestro objetivo es que durante los próximos 24 meses paguen dentro de su factura el coste de la energía al mismo nivel del precio del pool que tenían antes de la escalada, es decir, 60 €/MWh", ha asegurado el presidente de la compañía, Francisco Reynés, en el VI Foro de Energía de El Economista.
En concreto, pone en el mercado una nueva solución a precios equiparables a los valores previos a la actual subida registrada en el mercado mayorista, que roza los 140 €/MWh.
Bajo el lema 'Olvídate del Pool', la compañía quiere evitar que se traslade al pequeño consumidor doméstico la escalada de los premios mayoristas de electricidad y le ofrece asegurar el coste de la energía a un precio muy inferior al actual para los próximos 24 meses, sin condiciones adicionales y sin permanencia.
La oferta va dirigida a clientes eléctricos de Naturgy, tanto del mercado regulado como liberalizado, y también a los clientes de otras comercializadoras que quieran modificar sus condiciones.
Reynés ha afirmado que con los precios de principio de año, un consumidor estaría pagando unos 700 euros, si bien ha indicado que el coste de la energía no es el único que está en la factura. El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos.
Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada, algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre [unos 17 millones], ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.
Reforma de la PVPC
Por su parte, las dos eléctricas más grandes de España, Endesa e Iberdrola, han urgido al Gobierno a modificar la tarifa regulada (PVPC) y a encontrar una solución negociada para la hidráulica y la nuclear.
La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha subrayado que llevan advirtiendo de la necesidad de revisar el diseño de la PVPC desde su creación y que ahora es "urgente" hacerlo, dado que el pool está en máximos históricos. Santamaría ya advirtió en una entrevista con CincoDías que esta debe ir desapareciendo paulatinamente como en otros países de Europa.
Santamaría ha defendido que la solución pasa también por rebajar la fiscalidad que grava el recibo de la luz, y que en España es una de las más altas de Europa, al tiempo que ha pedido que toda medida que se tome para atajar los altos precios respete la normativa vigente. "Esta situación es insostenible. Estamos completamente abiertos a explicar todos los costes que soportan para que se reconozcan y se busquen soluciones conjuntas", ha dicho la directiva.
De su lado, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha insistido en que los altos precios del pool se deben al gas y que el problema seguirá hasta que no se busque una solución respecto a como se traslada su coste a la factura de la luz.
Tras defender la eficiencia del sistema de fijación marginalista de precios que impera en toda Europa, ha señalado que hasta agosto, un cliente "típico" ha pagado por la luz unos 56 euros al mes, 10 euros más que el año pasado, y un precio similar a lo pagado en 2012, 2105 y 2018 (unos 54 euros). "Solo tenemos nosotros PVPC y, además, hay que bajar los impuestos porque tenemos muchos", ha defendido Bogas.
El Ejecutivo ya trabaja en una modificación de la tarifa regulada con el objetivo de reducir su dependencia del mercado mayorista y estabilizar el recibo eléctrico. Una de las líneas de trabajo para limitar la variabilidad de la PVPC pasa por "integrar en parte una cesta de indicadores más estables" que permitan mantener horquillas de precios más estables.
Por otro lado, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido a Bruselas y a los gobiernos europeos que pongan más derechos de CO2 en el mercado mientras no haya mecanismos de ajuste en frontera y dure la tensión en los precios de la electricidad.
"Hay que hacerlo para bajar los precios del CO2 e ir en contra de la especulación con esos derechos, y eso se puede hacer de forma inmediata", ha señalado Imaz durante su intervención en el foro.
Consumo mínimo vital
En esta línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Ejecutivo aprobará "pronto" nuevos "amortiguadores sociales" para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, del constante incremento del precio de la electricidad.
Durante su intervención ante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, Sánchez ha garantizado que el Ejecutivo va a actuar con "contundencia, empatía y rigor ante la preocupante escalada del precio mayorista de la energía", desplegando nuevas medidas que se sumarán a las ya adoptadas con el objetivo de que al final de 2021 los consumidores paguen lo mismo de luz que a finales de 2018 [descontando el IPC].
En este punto, ha explicado que el Gobierno está ya trabajando en el "consumo mínimo vital", complementario al ingreso mínimo vital, y ha recordado que se han aprobado y el bono social y el bono social térmico, en un esfuerzo sin precedentes que ha servido para proteger a 1,1 millones de consumidores vulnerables, beneficiarios también del llamado 'escudo social'.
Medidas del Gobierno
El Ejecutivo trabaja desde principios de verano en un paquete de medidas para abaratar el recibo eléctrico. Tiene pensado obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales "a un precio fijado por subasta".
También ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros.
Además, ha rebajado hasta final de año el IVA de la electricidad [del 21% al 10%] y suspendido el impuesto a la generación del 7%. El Gobierno estudia prorrogar la reducción del IVA más allá de fin de año; pero no de forma definitiva, sino de forma trimestral, según ha informado EL PAÍS.
