La remuneración de los gestores de las corporaciones cuenta cada vez más

La falta de transparencia, las subidas excesivas y una muy pobre justificación en un entorno de pandemia y crisis está detrás del incremento de la censura

La crisis de 2008 desató una oleada de censura pública y privada al comportamiento a veces poco adecuado de las entidades financieras y otras empresas de servicios en los años de vacas gordas y en los primeros años de la crisis. El sector financiero ha pasado una trabajosa travesía del desierto en los últimos años para recomponer sus estándares reputacionales, que han chocado con la nueva crisis de la pandemia y que ha excitado de nuevo las actitudes críticas de la opinión pública y de los accionistas de algunas entidades, así como decisiones políticas de limitaciones de las remuneraciones variables. Una actitud crítica que se ha extendido también entre los accionistas de casi todas las compañías cotizadas y que toma valores crecientes año tras año.

El informe elaborado por el proxy solicitor Georgeson (encargado de preparar a las compañías para superar las dificultades de las juntas) a la luz de las juntas de accionistas de las grandes compañías de siete países europeos (Holanda, Alemania, Suiza, Francia, Italia, España y Reino Unido) en el último año revela que los mayores grados de rechazo de las políticas retributivas se concentran en España. Nada menos que el 58% de las propuestas de remuneración sometidas a la junta tienen un grado de censura que supera el 10% del capital, y que se concentra precisamente entre los accionistas institucionales. Un porcentaje crítico que hace dos años era de un 20% y que en 2020 se acercó hasta el 29%. Es más: de los informes de remuneración sobre prácticas ya consolidadas, 20 informes (el 60% del Ibex) registró también un rechazo de más del 10% del capital.

La falta de transparencia, las subidas remunerativas excesivas y una muy pobre justificación de las mismas en un entorno de pandemia y crisis del empleo y de las rentas de todo tipo está detrás de este incremento de la censura a tales comportamientos. Una actitud vigilante que podría elevarse en los próximos años por el activismo de determinados fondos de inversión que extreman sus exigencias tanto en materia medioambiental, de igualdad y de buen gobierno, como ahora en materia retributiva de los gestores.

Las decisiones en esta materia son potestad de los consejos de administración y deben contar con la santificación final de los accionistas, que son los propietarios de las corporaciones. Pero la responsabilidad social de las empresas y sus gestores debe proyectar ejemplaridad y ser respetuosa con el entorno económico y social, y transmitir el mayor grado de inclusión posible, ya que se trata de una variable cada vez más valorada por los mercados financieros, y que empieza a puntuar para determinar hasta el rating de las empresas cotizadas.