La financiación autonómica arroja diferencias de hasta 700 euros por habitante

Los cántabros reciben 500 euros más que la media y los valencianos 200 menos El Gobierno prevé revisar el polémico modelo vigente

Belén Trincado / Cinco Días

La irrupción de la pandemia del Covid-19 en España dejó en el aire, entre otras tantas cosas, la intención del Gobierno de coalición de impulsar una reforma integral del caduco sistema de financiación autonómica el pasado otoño. Transcurrido lo peor de la crisis sanitaria, económica y social, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a reactivar el plan en los próximos meses. Aunque su intención es reformular el modelo vigente desde 2009 a partir de un amplio consenso entre territorios, no le será fácil habida cuenta las discrepancias de criterio entre los distintos gobiernos regionales y que el actual sistema arroja diferencias de hasta 700 euros por habitante entre las autonomías mejor y peor financiadas.

Así se desprende del estudio La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común 2002-2019, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El documento, sellado por su director, Ángel de la Fuente, que también es miembro del Instituto de Análisis Económico (CSIC), revela que los españoles mejor parados en el modelo actual son los cántabros. Concretamente, el informe apunta a que en 2019 Cantabria recibió 3.321 euros de financiación efectiva de la caja común por cada uno de sus habitantes. La cifra supera en 702 euros los 2.618 euros por habitante que obtuvo la Comunidad Valenciana, la región peor financiada.

De media, cada región española recibió aquel año 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas. Además de la valenciana, que está a 215 euros de dicha marca, se encuentran aquí Murcia (2.629 euros por habitante); Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). En el resto de territorios la financiación es superior a la media nacional.

En concreto, tras el liderazgo cántabro se encuentra La Rioja (3.211 euros por persona); Baleares (3.127 euros); Extremadura (3.086) y Canarias (3.081). Las demás se encuentran ya por debajo de los 3.000 euros por vecino.

Esta diferencia, medida en precios corrientes, de más de 700 euros de financiación por habitante entre las regiones más distantes del modelo contrasta con los 461 euros que separaban en 2002 a la autonomía mejor tratada, La Rioja (2.214 euros por persona), y la peor financiada, Baleares (1.663 euros). Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el modelo de reparto de fondos entre territorios vigente en 2001 arrojaba ya diferencias de 708 euros en 2009, cuando se modificó por otro que rebajó la distancia máxima, entonces entre Cantabria y Canarias, a solo 570 euros.

Es más, aunque a precios corrientes la distancia ha subido, Fedea apunta a que realizando una serie de ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal y el coste público en función de la edad media de la población, la diferencia entre los índices de financiación por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas habría bajado de 26,9 a 24,8 puntos gracias al modelo aprobado en 2009.

De otra parte, la financiación media por habitante ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años hasta superar en 2018 el umbral máximo de 2.673 euros alcanzado en 2007, desde cuando se produjo un importante rebaja debido a la crisis financiera. De hecho, ajustadas las cifras a la inflación y tomando precios constantes de 2015 el volumen precrisis aún no se habría recuperado.

En todo caso, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 es un clamor especialmente entre las regiones peor paradas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. De hecho, la ministra de Hacienda se comprometió en julio con el presidente valenciano, Ximo Puig, a retomar el rediseño del modelo en los próximos meses.

Todo hace indicar, sin embargo, que el Gobierno no dará grandes pasos al menos hasta el próximo mes de febrero, cuando recibirá el informe encargado al comité de expertos para la reforma tributaria, dado que su pretensión es que la reforma de la financiación autonómica incluya una armonización tributaria entre regiones.

La propuesta ha suscitado una enorme polémica. Mientras los representantes políticos de Cataluña y Valencia exigen que el Estado obligue a Madrid a cobrar efectivamente algunos impuestos que bonifica total o casi totalmente (como Patrimonio o Sucesiones), acusándola de aprovechar la capitalidad para hacerles competencia desleal, la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha hecho bandera de su política de bajos tributos y contraataca ya con iniciativas como la eliminación de los impuestos propios. Semejante pulso tributario promete complicar el ya de por sí complejo reto de reducir la brecha de financiación entre regiones, lo que implica restar recursos de unas en favor de otras.